⚖️ Justicia en el Catatumbo: Altas cortes piden mayor protección para jueces en zonas de conflicto ⚖️

En un encuentro realizado en Cúcuta, los presidentes de las altas cortes analizaron las difíciles condiciones en las que operan los jueces en Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo. La conclusión fue clara: la justicia en esta zona es frágil debido al contexto de violencia e inseguridad.

🗣️ «El país debe proteger a sus jueces»
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, resaltó la necesidad de respaldo estatal para los jueces, enfatizando que son «el gran protector del ciudadano» y que tanto la sociedad como el Estado deben garantizar su seguridad.

📡 Justicia en medio del conflicto
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, destacó que, a pesar del conflicto, el sistema judicial sigue en pie. «No se ha detenido el servicio de justicia, hemos encontrado formas de responder a través de medios digitales», explicó. Además, anunció medidas para fortalecer la seguridad y la organización judicial en la región.

🔺 El riesgo de la justicia en zonas de violencia
El magistrado recordó el legado de quienes han defendido la justicia, mencionando el holocausto del Palacio de Justicia. «Cuando la justicia se detiene, el Estado de derecho está en peligro», advirtió. Asimismo, adelantó que la próxima semana se reunirán con la ministra de Justicia para abordar temas urgentes de seguridad y procedimientos judiciales.

🏛️ Jueces trabajando «entre las balas»
El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, elogió la valentía de los jueces del Catatumbo, señalando que ejercen su labor «en medio de las balas y el drama de 54 mil desplazados». Aseguró que es urgente que el Estado y las Fuerzas Militares brinden protección a estos funcionarios, pues su trabajo es clave para la estabilidad institucional.

📜 Garantías y legalidad en tiempos difíciles
Finalmente, el Consejo de Estado reafirmó su compromiso de verificar la legalidad de las actuaciones estatales en esta zona golpeada por el conflicto. «La labor de los jueces es quizás la última esperanza para garantizar el Estado Social de Derecho», concluyó Álvarez Parra.