El exalcalde de Curumaní, Henry Chacón Amaya —quien actualmente suena como favorito para ocupar la Contraloría Departamental del Cesar— enfrenta un pasado judicial que levanta fuertes cuestionamientos.
Según investigaciones, Chacón está vinculado a un caso de homicidio ocurrido en 2003: la muerte de la concejala Ana Cristina López Moreno. Ex integrantes de la antigua estructura armada AUC lo señalaron como determinador del crimen.
Aunque logró recuperar su libertad mediante un recurso de hábeas corpus, y posteriormente volvió a ejercer cargos públicos, su nombre sigue en los papeles judiciales como investigado por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
Más recientemente, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en su contra por presunta omisión de deberes funcionales durante su mandato como alcalde (2020-2023), al no haber presentado la declaración de bienes y rentas, no haber declarado conflictos de interés, ni la declaración del impuesto sobre la renta.
Pese a este historial, Chacón actualmente cuenta con respaldo político del poderoso grupo conocido como Clan Gnecco y del grupo político De la Peña —alianza que, según medios regionales, le allanaría el camino para asumir el control fiscal del departamento.
Este contexto ha generado debate público sobre la idoneidad para ocupar un cargo de control, ya que combinar responsabilidades de fiscalización con investigaciones por crímenes graves y supuesta corrupción representa un fuerte conflicto de interés.