Según declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, dentro del Ministerio de Hacienda – bajo su dirección – se implementó un mecanismo llamado “cupo indicativo” para asignar contratos a congresistas a cambio de su respaldo político.
Benavides afirmó que su labor consistía en garantizar la «gobernabilidad», manteniendo «felices» a los miembros de la Comisión de Crédito Público mediante la entrega de recursos, contratistas y apoyo estatal. Además, manifestó que las reuniones para coordinar estas asignaciones se gestionaban directamente por órdenes del ministro Ricardo Bonilla, con listas y tablas de contratistas vinculados a cada congresista.
La denuncia abre la vía para investigaciones formales en contra del exministro y sus colaboradores, ya que podría implicar delitos como cohecho, tráfico de influencias y manipulación de recursos públicos.