La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de Iris Marín, denunció que al menos siete menores de edad murieron durante un bombardeo militar en el departamento del Guaviare.
Según la Defensoría, estos niños habrían sido reclutados forzosamente por grupos armados ilegales, lo que agrava aún más la tragedia.
🔍 Reacciones y críticas
Marín le pidió al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que suspendan los ataques aéreos y evalúen la operación.
Petro respondió diciendo que la operación fue “de muy alto riesgo”: afirmó que no podían distinguir la edad de las personas desde el aire y que la inteligencia no siempre es clara.
El presidente asumió la responsabilidad del hecho y dijo que su decisión buscaba proteger a los soldados: “tomé el riesgo para salvarles la vida”.
📚 Investigación en curso
La Fiscalía Militar y Policial abrió una indagación para verificar si el bombardeo respetó los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
También se cuestiona si el operativo obedeció a un uso proporcional de la fuerza, dada la presencia de menores.
Este suceso reaviva el debate sobre cómo proteger a los niños en medio de los conflictos armados, especialmente cuando son reclutados por grupos ilegales.