Mientras líderes sociales y alcaldes claman por seguridad, el Gobierno ha destinado millonarios recursos públicos a la protección de integrantes del ELN y las disidencias de las Farc que participan en los diálogos de paz, según reveló Semana.
🚙 Documentos oficiales confirman que los delegados de estas organizaciones reciben:
Vehículos de alta gama arrendados por el Estado
Bonos mensuales de gasolina
Escoltas de la UNP (Unidad Nacional de Protección)
📊 En 2024, en el marco de las mesas con el ELN, seis guerrilleros recibieron siete camionetas, con un costo mensual de 106 millones de pesos, más 8 millones en combustible y el acompañamiento de 15 escoltas.
Alias Antonio: 2 camionetas, $16,2 millones cada una, $1,1 millones en gasolina y 2 escoltas.
Alias Violeta: gasolina por $1 millón y 1 escolta.
Por parte de las disidencias de las Farc:
10 camionetas con un arrendamiento mensual de 199 millones de pesos,
Bonos de gasolina por 9 millones,
25 escoltas asignados.
Alias Andrey: 2 camionetas ($26 millones), $789 mil en gasolina y 4 escoltas.
Alias Calarcá: 1 camioneta ($11,7 millones), $416 mil en gasolina y 3 escoltas.
💰 En total, el Gobierno ha destinado más de 6.000 millones de pesos del Fondo de Programas Especiales para la Paz para sostener estas medidas, mientras que la UNP aporta otros 467 millones en especie.
⚖️ Para la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, la situación es contradictoria:
“Líderes sociales y alcaldes piden protección para ellos, y se les dice que no hay. No es justificable que el Gobierno sí esté protegiendo a criminales en medio de la paz total”, señaló Yesid Barragán.
👉 El contraste entre los beneficios logísticos a enviados de grupos ilegales y la falta de garantías para funcionarios locales y defensores de derechos humanos reabre el debate sobre los desafíos de la “paz total” y la equidad en la protección estatal.