Un reciente informe de la ContralorÃa General de la República expone un deterioro financiero y operativo grave en la Nueva EPS, que pone en riesgo su viabilidad como la mayor aseguradora de salud del paÃs.
Principales hallazgos:
La deuda pasó de 5,42 billones de pesos en diciembre de 2022 a 21,37 billones en marzo de 2025, un crecimiento del 198%. Se proyecta que para finales de 2025 el pasivo podrÃa llegar a 26,39 billones.
El patrimonio de la entidad ha caÃdo estrepitosamente. De tener un saldo positivo en 2022, se pasó a -4,95 billones en 2023, luego a -6,69 billones en 2024, y para marzo de 2025 ya se situaba en -6,25 billones. La proyección estimada para fin de año apunta a -9,16 billones.
Hay una acumulación muy alta de facturas sin auditar: entre 2020 y 2025 las facturas pendientes ascienden a 13,17 billones de pesos, siendo casi el total concentrado en 2024 y los primeros meses de 2025.
Anticipos sin legalizar crecieron de 3,4 billones en 2023 a 15,27 billones durante el primer semestre de 2025.
Las quejas y reclamos de los usuarios se dispararon: las PQR pasaron de 177.479 en 2022 a 446.520 en el primer semestre de 2025, un incremento del 151,6 %.
Conclusiones y alertas:
La ContralorÃa señala una inviabilidad estructural de la Nueva EPS que, si no se revierten las tendencias actuales, podrÃa dejar de ser funcional a finales de 2025.
Además de los riesgos financieros, se detectaron irregularidades en la contratación, concentración de contratos entre empresas relacionadas, falta de transparencia en los anticipos y deficiencias administrativas que agravan la crisis.
Reacciones oficiales:
El presidente Gustavo Petro defendió la intervención estatal, responsabilizando a la antigua junta directiva por las cifras rojas. Sin embargo, el informe de la ContralorÃa parece contradecir la idea de que solo los anteriores malos manejos son los culpables, mostrando que el deterioro ha continuado bajo la intervención.