El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión judicial que ordenó enviar a prisión a dos exministros de su Gobierno implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías, y ofreció una fuerte interpretación de lo sucedido.
📌 Decisión judicial y contexto El 18 de diciembre de 2025, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá determinó que los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no podían quedar con prisión domiciliaria —como había solicitado la Fiscalía— y ordenó su traslado a un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
📣 La posición de Petro En su intervención, el mandatario defendió la actuación judicial e insistió en que nadie está por encima de la ley, incluidos exfuncionarios de su gabinete. Aunque aclaró que no corresponde a él juzgar individualmente —eso es tarea de jueces y fiscales— respaldó la decisión de la justicia y subrayó que quienes se aprovechan del Estado para beneficio propio deben enfrentar las consecuencias.
Petro también remarcó la persistencia de redes de corrupción históricas dentro del Estado, que según su argumento no se originaron con su administración sino que habrían operado en anteriores gobiernos, pero que ahora han sido más visibles por el proceso de investigación. En ese sentido, afirmó que a veces funciones públicas se corrompen con el poder, y expresó su deseo de contar con un “detector” que permitiera identificar a quienes puedan traicionar la confianza antes de que ocupen cargos.
📍 Enfoque del caso El presidente apuntó especialmente al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, como figura central del entramado investigado, sugiriendo que su actuación fue clave en la asignación irregular de recursos dentro de la entidad.
Este pronunciamiento se da en medio del espectro más amplio del escándalo de la UNGRD, que ha incluido investigaciones penales sobre múltiples altos funcionarios y que la Corte Suprema de Justicia también ha remitido a la Fiscalía para indagar a otros exministros y exviceministros, lo que marca la magnitud de la crisis institucional.