La Secretaría de Hacienda Departamental, en cabeza de Gloria Rivera, presentó ante la Comisión Segunda de la Asamblea Departamental los fundamentos técnicos y jurídicos que respaldan la adopción del régimen de monopolio de licores destilados, una iniciativa estratégica impulsada por el gobernador de Casanare para robustecer las finanzas públicas del departamento.
Durante la sustentación del proyecto de ordenanza 027 de 2025, la funcionaria explicó que esta medida permitiría generar ingresos adicionales cercanos a los $4.000 millones de pesos, recursos que estarían destinados principalmente a fortalecer el sector salud, además de apoyar programas deportivos en diferentes municipios del territorio casanareño.
📊 Estudio económico y rentístico
La Secretaría de Hacienda socializó el análisis técnico exigido por el artículo 4 de la Ley 1816 de 2016, el cual concluye que el monopolio de licores destilados representa una renta estratégica para el departamento, al permitir una mayor captación de recursos provenientes de la comercialización de bebidas alcohólicas con graduación superior a 15 grados.
La dependencia aclaró que este estudio se diferencia de las cifras contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ya que el análisis del régimen de monopolio solo incluye licores destilados, excluyendo vinos y aperitivos. Además, para efectos de proyección, todas las presentaciones se estandarizaron a botellas de 750 centímetros cúbicos, garantizando así una medición homogénea y técnica.
🔮 Proyección y visión a futuro
Desde la cartera departamental se resaltó que 24 de los 32 departamentos del país ya operan bajo este régimen, lo que demuestra que el monopolio de licores destilados es una práctica consolidada y exitosa a nivel nacional, con impactos positivos en las finanzas territoriales.
Adicionalmente, se planteó que esta iniciativa podría convertirse en el primer paso para la creación de una unidad de negocios propia, abriendo la posibilidad de que Casanare cuente en el futuro con su propio aguardiente, fortaleciendo la autonomía fiscal, la generación de ingresos propios y la inversión social.