Una demanda presentada por la Secretaría de Infraestructura de Yopal contra 11 concejales del municipio ha generado un nuevo episodio de tensión entre la administración municipal y el Concejo, afectando el trámite de dos proyectos de acuerdo considerados prioritarios para el gobierno local.
Según explicó el concejal Leonardo Infante, la acción judicial fue interpuesta luego de que, durante un debate de control político, la secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández, no pudiera intervenir pese a haber sido citada por la corporación.
De acuerdo con información conocida por los cabildantes, la denuncia tendría alcances fiscales y penales, por lo que su estudio corresponderá a las autoridades competentes.
El concejal José Reinal Medina calificó la situación como delicada y señaló que el proceso no debe tomarse a la ligera, ya que involucra actuaciones que serán evaluadas por organismos como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.
Además de la demanda, también fue presentada una recusación contra los 11 concejales involucrados, situación que ha llevado a varios de ellos a abstenerse de asumir las ponencias de iniciativas radicadas por la administración del alcalde Marco Tulio Ruiz.
Los proyectos que permanecen afectados corresponden al ajuste salarial para los funcionarios de la Alcaldía de Yopal y a la incorporación de recursos provenientes de un desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), por $10.000 millones para la presente vigencia y otros $27.000 millones proyectados para el próximo año.
Frente a este escenario, el concejal Leonardo Infante hizo un llamado a sus compañeros de corporación para que prioricen el interés general y continúen con el estudio de las iniciativas.
«Por encima de cualquier interpretación jurídica está el deber constitucional de debatir y facilitar la discusión de los proyectos que son de interés para la comunidad», manifestó el cabildante.