El inminente cambio de mando en la jefatura del Estado anticipa un profundo revolcón en la estructura directiva de la principal empresa petrolera de Colombia. La administración entrante, liderada por Abelardo de la Espriella, prepara las bases legales para emitir su primer decreto presidencial con el objetivo de convocar una asamblea extraordinaria de accionistas a mediados de agosto. Esta maniobra institucional tiene la meta prioritaria de designar al sucesor de Ricardo Roa y desplazar a los miembros de la junta directiva estrechamente vinculados con el saliente gobierno de Gustavo Petro.
Debido a los lineamientos que rigen el gobierno corporativo de la estatal petrolera, las modificaciones de las plazas solo se pueden realizar de manera parcial sobre los nueve escaños en una etapa inicial. De esta forma, el equipo entrante mantendrá el respaldo a los delegados independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee —quienes representan a las regiones productoras y fondos de pensiones— gracias a que mantuvieron posturas críticas frente a la gestión saliente e impidieron la adjudicación acelerada de contratos millonarios. Por el contrario, la primera ficha de peso que saldría de la empresa es la actual presidenta del cuerpo directivo, Ángela María Robledo.
La renovación no se limitará exclusivamente a la casa matriz, sino que se extenderá con fuerza a los alfiles del petrismo dentro de la corporación. Nombres como Alberto Merlano Alcocer, Hildebrando Vélez Galeano, Carolina Arias y Tatiana Roa figuran en la lista de previsibles bajas institucionales. Asimismo, la reestructuración se sentirá en filiales de alta relevancia como ISA, donde exfuncionarios bajo la lupa por presuntas irregularidades administrativas —como Mónica de Greiff y Álvaro Torres— serán relevados en el marco de esta nueva estrategia gubernamental, la cual busca reactivar de inmediato la exploración minero-energética y auditar minuciosas licitaciones y contratos tecnológicos heredados.