La transición gubernamental en Colombia alcanzó su punto de máxima ebullición política luego de que el jefe de Estado saliente, Gustavo Petro, lanzara una dura contraofensiva contra el mandatario electo, Abelardo de la Espriella. El mandatario acusó formalmente a su sucesor de «despedazar la Constitución Política», una airada reacción que se dio como respuesta directa a los pronunciamientos de De la Espriella, quien instó públicamente a las Fuerzas Militares a desatender las directrices del actual Ejecutivo argumentando la supuesta ejecución de un golpe de Estado.
Este agudo choque de declaraciones paralizó por completo las mesas técnicas de empalme institucional y trasladó la confrontación al escenario digital. A través de sus canales oficiales, Petro desvirtuó tajantemente las alertas sobre una presunta ruptura del hilo democrático por parte de su administración y revirtió los cargos de ilegalidad, cuestionando abiertamente la transparencia y la legitimidad de los comicios presidenciales que le dieron el triunfo al abogado cordobés.
De acuerdo con el fuerte mensaje emitido por el saliente líder del Pacto Histórico, De la Espriella habría vulnerado la carta magna al recibir presuntos apoyos económicos y logísticos provenientes del extranjero durante su campaña electoral, una práctica explícitamente vedada por el ordenamiento legal del país. Petro fue más allá al asegurar que su contraparte entregó la soberanía nacional con el único propósito de asegurar su llegada a la Casa de Nariño, un cruce de acusaciones que sumerge a los estamentos militares y de policía en una compleja encrucijada institucional a pocas semanas del relevo de mando programado para el 7 de agosto.