🚔🔒 El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil y vinculadas a procesos de negociación de paz. La operación, ejecutada por el Inpec, incluyó a varios internos que permanecían en la cárcel La Paz de Itagüí y se realizó en las horas previas a la posesión del nuevo presidente. Las autoridades justificaron la medida como parte de una estrategia para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que estructuras criminales continúen coordinando actividades desde las cárceles.
Los internos fueron trasladados hacia diferentes establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno nacional. La decisión fue ejecutada directamente por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, siguiendo instrucciones de la nueva administración.
En imágenes y videos divulgados durante el operativo se observa una caravana del Inpec movilizando a los reclusos desde la cárcel La Paz, ubicada en Itagüí. El procedimiento llamó especialmente la atención porque entre los trasladados se encuentran integrantes de estructuras criminales con influencia en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que entre los internos trasladados se encuentran reconocidos cabecillas identificados con los alias de Carlos Pesebre, Douglas y El Indio. Estos hombres son señalados de tener vínculos con organizaciones criminales que han tenido presencia en diferentes sectores del departamento.
La Presidencia explicó que la medida pretende elevar las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios y reducir la capacidad de las organizaciones delincuenciales para mantener, coordinar o fortalecer sus operaciones desde prisión. El Ejecutivo presentó el operativo como una de las primeras decisiones de su administración en materia de seguridad y control carcelario.
El Gobierno también aseguró que los traslados buscan garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y recuperar el control permanente de las cárceles. La nueva administración advirtió que quienes intenten utilizar los establecimientos penitenciarios como centros para coordinar actividades criminales serán sometidos a las acciones correspondientes dentro del marco legal.
La decisión fue respaldada por sectores políticos de Medellín. Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, calificó positivamente el traslado y cuestionó las condiciones que, según su posición, se habían generado en la cárcel de Itagüí durante el Gobierno anterior. El concejal sostuvo que los internos trasladados habían recibido beneficios y protagonismo durante las negociaciones de la denominada Paz Total.
De Bedout también señaló que entre los reclusos trasladados hay personas condenadas por delitos como extorsión y concierto para delinquir y afirmó que el cambio representa un giro en la política penitenciaria frente a la administración de Gustavo Petro. Sus declaraciones corresponden a su valoración política sobre el operativo y no a una nueva decisión judicial sobre los procesos de los internos.
Con esta operación, el Gobierno de Abelardo de la Espriella comienza su gestión con una medida de alto impacto en materia penitenciaria, enfocada en reforzar la seguridad de las cárceles, dispersar a internos considerados de alto perfil y evitar que las estructuras criminales utilicen los centros de reclusión para mantener su capacidad de operación.