Funcionarios del Inpec piden protección ante posibles represalias por traslado de presos

🚨🔒 La reciente operación de traslado de 117 personas privadas de la libertad a cárceles de alta seguridad encendió las alarmas entre funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Trabajadores de la institución manifestaron preocupación por posibles represalias de estructuras criminales que podrían reaccionar contra el personal penitenciario tras la reubicación de varios internos considerados de alto perfil.

La preocupación surgió después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenara el traslado de un grupo de internos que permanecían recluidos principalmente en la cárcel La Paz de Itagüí. La operación movilizó a 117 presos hacia establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en distintas regiones del país.

La decisión fue presentada por el nuevo Gobierno como una medida para recuperar el control de los centros penitenciarios y evitar que personas vinculadas con estructuras criminales continúen utilizando las cárceles como lugares desde los cuales puedan coordinar actividades delictivas.

Sin embargo, el operativo también generó inquietud entre los funcionarios encargados de la custodia y vigilancia de los establecimientos penitenciarios. Las alertas están relacionadas con la posibilidad de que organizaciones criminales intenten tomar represalias contra los trabajadores del Inpec como respuesta a las medidas adoptadas por las autoridades.

📢 Los funcionarios solicitaron que se refuercen las medidas de seguridad y protección para el personal, especialmente en aquellos establecimientos donde permanecen internos relacionados con organizaciones delincuenciales con capacidad de ejercer presión o intimidación fuera de las cárceles.

El temor no se limita a los trabajadores que participaron directamente en los traslados. Las advertencias también abarcan a funcionarios que permanecen en diferentes centros penitenciarios y que podrían quedar expuestos ante eventuales retaliaciones de las estructuras afectadas por la operación.

La situación adquiere especial relevancia debido a que el traslado fue una de las primeras decisiones de alto impacto adoptadas por el Gobierno de De la Espriella en materia de política penitenciaria. El mandatario aseguró que los internos trasladados perderían privilegios y que no podrían continuar utilizando los establecimientos carcelarios para dirigir actividades criminales.

Entre los internos reubicados se encuentran personas consideradas de alto perfil y vinculadas a procesos de negociación adelantados durante la política de Paz Total del Gobierno anterior. Los traslados se realizaron hacia establecimientos de alta seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

⚠️ Las autoridades deberán ahora mantener especial atención sobre posibles amenazas contra el personal penitenciario, mientras se evalúa el impacto que pueda tener la decisión sobre las estructuras criminales relacionadas con los internos trasladados.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también había advertido que este tipo de movimientos pueden generar reacciones de los grupos criminales, precisamente por el poder e influencia que algunos de sus integrantes mantienen incluso desde prisión.

La situación pone nuevamente en el centro del debate la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario y el desafío que representa impedir que las organizaciones delincuenciales mantengan capacidad de acción desde las cárceles, sin exponer a quienes trabajan diariamente en los establecimientos de reclusión.