💰🇨🇳 El Gobierno de China puso en marcha una ofensiva fiscal dirigida contra ciudadanos con grandes patrimonios que mantienen inversiones y bienes fuera del país. La campaña busca recuperar impuestos que, en algunos casos, estarían pendientes desde el año 2000, mientras las autoridades aumentan la vigilancia sobre cuentas bancarias, propiedades, acciones, fideicomisos y otros activos ubicados en el extranjero. 🌎📊
La operación fue impulsada desde Beijing en un momento de presión sobre las finanzas públicas chinas. La disminución de los ingresos provenientes de la venta de terrenos, sumada al debilitamiento de la recaudación, llevó a las autoridades a reforzar los mecanismos destinados a identificar recursos que ciudadanos chinos mantienen fuera del territorio nacional.
De acuerdo con información citada por Infobae a partir de reportes del Financial Times, bancos y entidades financieras recibieron instrucciones para revisar las inversiones internacionales de ciudadanos chinos con grandes fortunas y comprobar si los rendimientos obtenidos en el extranjero fueron declarados correctamente ante las autoridades tributarias.
La revisión no se limita a las cuentas bancarias. Los controles abarcan bienes raíces, acciones, metales preciosos, criptomonedas y estructuras financieras establecidas en jurisdicciones offshore. También están bajo la lupa los fideicomisos utilizados por personas adineradas para administrar o proteger parte de su patrimonio fuera de China.
La medida ha generado preocupación entre los grandes inversionistas, especialmente porque las autoridades estarían reclamando obligaciones correspondientes a periodos considerablemente antiguos. Algunos casos identificados por medios financieros incluyen ganancias acumuladas desde comienzos de la década de 2000, aunque el periodo exigido no es igual para todos los contribuyentes.
En algunas regiones, la presión fiscal ya habría tenido consecuencias directas sobre las cuentas de personas con grandes patrimonios. Un banquero citado por el Financial Times señaló que determinadas entidades coordinaron con las autoridades tributarias el congelamiento de fondos pertenecientes a clientes adinerados hasta comprobar que hubieran cumplido con sus obligaciones fiscales.
Según ese reporte, algunos de los afectados terminaron pagando impuestos y multas para recuperar el acceso a sus recursos. La situación evidencia el nivel de control que Beijing busca ejercer sobre los movimientos de capital y sobre los ingresos que sus ciudadanos generan fuera de las fronteras nacionales.
La ofensiva también modificó las condiciones para quienes utilizan fideicomisos offshore. Nuevas reglas introducidas por el Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria Nacional establecieron mecanismos para gravar los ingresos obtenidos mediante determinados activos transferidos a fideicomisos en el exterior.
Uno de los cambios más relevantes consiste en la aplicación de una tasa del 20 % sobre determinados ingresos vinculados a estas estructuras. La modificación cerró una ventaja que durante años había permitido a algunos ciudadanos con grandes fortunas utilizar fideicomisos internacionales para administrar sus recursos y reducir o aplazar determinadas obligaciones tributarias.
La nueva estrategia llega además en un contexto de dificultades económicas para China. Los ingresos públicos se han visto afectados por la desaceleración posterior a la pandemia y por la crisis del sector inmobiliario, que redujo considerablemente los recursos obtenidos mediante la venta de terrenos.
Las cifras citadas en el informe muestran la dimensión del problema. Los ingresos derivados de las ventas de tierras pasaron de 8,7 billones de yuanes en 2021 a aproximadamente 4,15 billones después de la crisis inmobiliaria, reduciendo una fuente importante de financiación para los gobiernos locales.
Ante este escenario, el impuesto sobre la renta de las personas se convirtió en uno de los campos donde las autoridades encontraron posibilidades de aumentar la recaudación. En 2025, los ingresos provenientes de este impuesto crecieron 11,5 %, mientras que el crecimiento general de los ingresos fiscales fue de apenas 0,8 %.
Expertos consultados por medios internacionales consideran que el objetivo de la campaña es principalmente económico, aunque también representa un endurecimiento del control estatal sobre la salida de capitales. Beijing busca conocer con mayor precisión dónde se encuentran los recursos de sus ciudadanos y cuánto dinero generan fuera del país.
Los controles también podrían afectar a ciudadanos que poseen propiedades, inversiones o cuentas en lugares como Hong Kong, Singapur y Estados Unidos. Según personas vinculadas al sector financiero citadas en el reporte, las autoridades estarían comenzando por los contribuyentes con mayores patrimonios para posteriormente ampliar las revisiones hacia otros tipos de activos.
Otro elemento que genera incertidumbre es la definición de residencia fiscal. Una persona puede ser considerada residente fiscal en China incluso si permanece menos de 183 días al año en el país, dependiendo de sus circunstancias y de sus vínculos con el territorio. Tener otra nacionalidad o un estatus migratorio diferente tampoco necesariamente elimina las obligaciones fiscales frente a China.
El endurecimiento de las medidas ya está provocando preocupación dentro del sector financiero internacional. Algunas empresas especializadas en gestión patrimonial y seguros con exposición a clientes chinos registraron movimientos negativos en sus acciones después de que se conocieran las nuevas disposiciones fiscales.
A esto se suma el uso de herramientas tecnológicas para facilitar las investigaciones. Abogados especializados en patrimonio internacional señalaron que las autoridades estarían recurriendo a sistemas de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de información financiera y detectar con mayor rapidez posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los activos mantenidos en el extranjero.
La estrategia representa un cambio importante para los ciudadanos chinos con grandes fortunas que durante años utilizaron estructuras internacionales para administrar sus bienes. Ahora, mantener patrimonio fuera del país no necesariamente significa quedar por fuera de las obligaciones fiscales establecidas por Beijing.
Con esta ofensiva, el Gobierno chino busca recuperar recursos que considera pendientes y reforzar la supervisión sobre los capitales que salen del país. La campaña podría extenderse durante los próximos meses a nuevas cuentas, inversiones y propiedades, aumentando la presión sobre las grandes fortunas que mantienen parte de su patrimonio en el extranjero.