Ejército utilizó a 36 militares para trasladar a presunto narcotraficante que habría sido liberado por orden de un general

🚨 Un nuevo episodio quedó bajo investigación de la Fiscalía luego de que se conociera que 36 integrantes del Ejército Nacional participaron en el procedimiento para trasladar y posteriormente devolver a la zona de captura a un hombre señalado de transportar 4,5 kilos de pasta base de cocaína. El caso ocurrió en enero de 2024 en el Cauca y está relacionado con decisiones atribuidas al general Federico Mejía, quien para ese momento estaba al frente del Comando Específico del Cauca. ⚖️🇨🇴

El hecho se remonta al 31 de enero de 2024, cuando tropas que adelantaban operaciones contra el narcotráfico en la vereda El Diamante, en el municipio de El Plateado, interceptaron a Melciades Guaca Armero, quien se movilizaba en una motocicleta.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder lo que serían 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína. Los militares procedieron a realizar la captura y, según los testimonios incorporados a la investigación, le informaron sus derechos al detenido.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en un helicóptero del Ejército hasta Popayán con el propósito de ponerlo a disposición de las autoridades competentes para avanzar con el proceso de judicialización.

Sin embargo, una vez el detenido llegó a la capital del Cauca, se habría producido un cambio en el procedimiento. De acuerdo con la información conocida por la Fiscalía y reconstruida por medios de comunicación, los militares recibieron instrucciones para dejarlo en libertad y trasladarlo nuevamente hasta el mismo sector donde había sido capturado.

Para realizar el retorno se habría utilizado nuevamente capacidad aérea del Ejército, incluyendo helicópteros Black Hawk y un Arpía artillado, situación que ahora es objeto de revisión por parte de las autoridades.

El Ejército confirmó que en todo el procedimiento participaron 36 militares, entre ellos un coronel, un teniente coronel y un mayor. La cifra generó cuestionamientos debido a la cantidad de recursos humanos y materiales empleados para una operación que terminó con la liberación del hombre que había sido capturado con la sustancia estupefaciente. 

La investigación también busca establecer cuánto dinero público se destinó al despliegue. Según los cálculos citados en la denuncia, únicamente la movilización aérea para devolver al detenido al lugar donde había sido interceptado habría tenido un costo superior a los 100 millones de pesos.

Uno de los argumentos utilizados para justificar la decisión habría sido el riesgo de que se produjera una asonada en la zona después de la captura. La hipótesis planteaba que la liberación y el retorno del hombre permitirían evitar una situación de violencia con habitantes del sector.

No obstante, varios de los soldados que participaron directamente en el operativo entregaron una versión diferente ante la Fiscalía. Según sus declaraciones, la situación se encontraba bajo control y no existía una amenaza inmediata que justificara modificar el procedimiento de captura.

Los testimonios también señalarían que parte de la comunidad ya se había retirado después de dialogar con los uniformados, por lo que la existencia de una situación que pudiera desencadenar una asonada está siendo analizada dentro de la investigación.

El nombre del general Federico Mejía aparece en el centro del caso. El oficial ha negado haber ordenado la liberación del presunto traficante y sostiene que no tenía competencia funcional directa sobre el procedimiento.

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada, existiría un documento firmado por el propio general y dirigido al entonces comandante del Ejército, Emilio Cardozo, en el que se hace referencia a la decisión y se describen aspectos relacionados con la liberación del detenido. 

La Fiscalía adelanta investigaciones para establecer quién tomó la decisión, qué funcionarios conocieron la situación y si las actuaciones realizadas por los militares se ajustaron a la ley y a los protocolos establecidos para este tipo de capturas.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y de capacidades militares en una actuación que terminó favoreciendo al hombre que había sido detenido con una cantidad considerable de pasta base de cocaína.

El general Federico Mejía enfrenta además otras indagaciones ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por posibles delitos relacionados con concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública. 

Las autoridades deberán determinar si existieron irregularidades en la decisión de liberar al detenido y si otros integrantes de la cadena de mando tuvieron algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido.