Denuncian ante autoridades de Estados Unidos a Álex Char por presunto soborno de $300 millones

🚨🇨🇴 El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quedó mencionado en una denuncia presentada ante autoridades financieras de Estados Unidos por un supuesto pago irregular de $300 millones relacionado con un contrato para realizar obras en la cárcel El Bosque de Barranquilla. El informe fue presentado por el empresario Luis Enrique Guzmán Chams ante la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro estadounidense. ⚖️🇺🇸

La denuncia fue radicada el pasado 13 de agosto de 2026 y está relacionada con un contrato por $1.658 millones que fue adjudicado directamente a GPS Construcciones del Caribe, empresa de la que Guzmán Chams es representante legal y accionista.

De acuerdo con la información conocida, el contrato correspondía a una obra en la cárcel El Bosque y habría sido entregado en 2017 durante una declaratoria de urgencia manifiesta.

Guzmán Chams sostiene que, durante el desarrollo del negocio, habría recibido una solicitud para entregar $300 millones. El empresario afirma que ese dinero habría sido destinado a Char, quien para ese momento se desempeñaba como alcalde de Barranquilla.

El señalamiento forma parte de una serie de denuncias que el constructor ha presentado durante varios años ante autoridades colombianas. Según su versión, desde 2020 ha entregado información relacionada con diferentes contratos públicos y posibles pagos irregulares.

El empresario también ha mencionado dentro de sus declaraciones el contrato del denominado megatanque de Barranquilla, una obra cuyo valor superó los $36.000 millones y sobre la cual ha realizado acusaciones relacionadas con presuntos pagos de dinero.

Según Guzmán Chams, en ese caso habría tenido que entregar $2.300 millones. Estas afirmaciones hacen parte de un expediente que ha sido objeto de investigaciones en Colombia y que ahora vuelve a adquirir relevancia a raíz de la denuncia presentada ante autoridades estadounidenses.

La nueva denuncia ante FinCEN no se concentra únicamente en el supuesto soborno. El documento también plantea interrogantes sobre una posible operación de lavado de activos que involucraría a Serfinanza, entidad financiera vinculada al grupo empresarial de la familia Char.

El denunciante sostiene que parte del dinero relacionado con estas operaciones habría tenido conexión con movimientos financieros que podrían alcanzar el sistema financiero estadounidense.

FinCEN es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de combatir delitos financieros como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La entidad recibe información sobre operaciones que podrían resultar sospechosas y, dependiendo de sus análisis, puede remitirla a organismos encargados de adelantar investigaciones.

Uno de los aspectos que ahora genera atención es la posible dimensión internacional del caso. La presentación ante las autoridades estadounidenses podría llevar a que los señalamientos sean revisados desde una perspectiva diferente a las investigaciones que ya se han adelantado en Colombia.

Guzmán Chams asegura que durante más de seis años ha buscado colaborar con la justicia colombiana para entregar información relacionada con estos hechos. Sin embargo, sostiene que hasta el momento no se habría concretado un principio de oportunidad ni un preacuerdo con la Fiscalía.

El empresario también ha manifestado que esperaba que la Corte Suprema de Justicia investigara los hechos que, según afirma, ha puesto en conocimiento de las autoridades.

La denuncia incorpora además referencias a otros contratos y figuras políticas. Entre los nombres mencionados en el expediente aparecen el exsenador Efraín Cepeda y otros actores relacionados con negocios públicos en Barranquilla.

El caso del supuesto pago de $300 millones corresponde a hechos que se remontan a 2017 y 2018, por lo que las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades y verificar las afirmaciones realizadas por el denunciante.

Por ahora, la presentación ante FinCEN constituye una denuncia y no significa que las autoridades estadounidenses hayan establecido la responsabilidad de Alejandro Char ni que exista una condena en su contra.

Los señalamientos deberán ser contrastados con documentos, testimonios y demás elementos de prueba. También será necesario establecer si existieron movimientos financieros relacionados con las acusaciones y cuál habría sido su origen y destino.

La situación vuelve a poner bajo atención algunos de los contratos públicos ejecutados durante las administraciones de Char en Barranquilla y las denuncias que han surgido alrededor de ellos.

El desarrollo del caso dependerá de las actuaciones que adopten las autoridades estadounidenses y colombianas, así como de las pruebas que puedan ser incorporadas a las investigaciones.