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Cultivos de coca en Colombia aumentaron en 118.000 hectáreas entre 2020 y 2024, advierte la Defensoría
🚨🌿 La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia durante los últimos años. De acuerdo con el diagnóstico presentado por la entidad, entre 2020 y 2024 el país registró un incremento de aproximadamente 118.000 hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito, una expansión que evidencia el fortalecimiento de las economías ilegales y plantea nuevos desafíos para las comunidades y las autoridades. 🇨🇴⚠️
El panorama hace parte de un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación humanitaria que recibe el nuevo Gobierno de Abelardo De la Espriella. El documento advierte que, además de los problemas sociales que persisten en diferentes regiones, el país enfrenta un escenario marcado por el crecimiento de las economías ilegales, la expansión de los cultivos de coca y nuevas expresiones de violencia.
La entidad señala que el aumento de estas plantaciones no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la lucha contra el narcotráfico. Su expansión también está relacionada con las condiciones de vulnerabilidad de numerosas comunidades rurales que viven en territorios donde las economías ilegales terminan convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos.
El crecimiento registrado durante el periodo analizado representa un desafío considerable para el Estado, especialmente en las zonas donde los grupos armados ilegales ejercen control territorial y utilizan los cultivos de coca como una de sus principales fuentes de financiación.
La Defensoría advierte que la expansión de estas economías está acompañada por diferentes formas de violencia que afectan directamente a la población civil. En muchos territorios, las comunidades quedan expuestas a disputas entre organizaciones armadas que buscan controlar las zonas de producción, las rutas de transporte y los mercados asociados al narcotráfico.
Esta situación también dificulta que las instituciones puedan desarrollar programas de sustitución de cultivos y proyectos productivos legales, especialmente en regiones apartadas donde existe una limitada presencia estatal.
El informe plantea que el crecimiento de los cultivos ilícitos debe ser enfrentado mediante una estrategia que combine seguridad, inversión social y oportunidades económicas para las comunidades campesinas.
La problemática también representa una presión adicional sobre los ecosistemas. La expansión de los cultivos puede estar acompañada por procesos de deforestación y transformación de áreas naturales, especialmente en regiones de alta importancia ambiental.
Además, las comunidades que habitan estos territorios pueden quedar atrapadas entre las exigencias de los grupos armados y las acciones de las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico.
El diagnóstico de la Defensoría se conoce mientras el Gobierno Nacional comienza a definir sus principales estrategias frente a las organizaciones criminales y las economías ilegales. El crecimiento de los cultivos de coca será uno de los asuntos que deberá enfrentar la nueva administración.
La magnitud del incremento registrado entre 2020 y 2024 también plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas durante ese periodo para contener la expansión de los cultivos y ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades rurales.
Uno de los principales retos será evitar que las medidas contra los cultivos ilícitos terminen afectando a las familias campesinas que dependen de estas actividades por falta de otras alternativas económicas. Por ello, cualquier estrategia de sustitución deberá estar acompañada de proyectos productivos que permitan generar ingresos legales y estables.
La Defensoría considera que la respuesta estatal debe tener en cuenta las particularidades de cada territorio y las condiciones de las comunidades que permanecen bajo presión de las estructuras armadas.
El crecimiento de la coca también está relacionado con el fortalecimiento financiero de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Los recursos provenientes de esta economía ilegal permiten a los grupos armados adquirir armas, ampliar su presencia territorial y ejercer mecanismos de control sobre las poblaciones.
De esta manera, el aumento de las hectáreas cultivadas no constituye únicamente un problema asociado a la producción de drogas, sino que tiene consecuencias sobre la seguridad, los derechos humanos, el medioambiente y las posibilidades de desarrollo de las regiones afectadas.
El llamado de la Defensoría es a que el Estado adopte medidas integrales que permitan reducir la dependencia de las comunidades frente a las economías ilegales y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de los habitantes de las zonas donde estos cultivos se han expandido.