De la Espriella anuncia que todos los grupos armados ilegales serán tratados como terroristas

🚨🇨🇴 El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva estrategia de seguridad en Colombia con la que su Gobierno pretende eliminar las diferencias entre las distintas organizaciones armadas ilegales. Durante una reunión con los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla, el mandatario aseguró que todos estos grupos serán tratados como terroristas y enfrentarán una respuesta unificada por parte del Estado. ⚔️🚔

De la Espriella afirmó que su administración no establecerá categorías diferentes dependiendo del nombre, estructura o actividad de las organizaciones ilegales. Según explicó, la Fuerza Pública tendrá una misma línea de actuación frente a estos grupos.

“Aquí se acabó esa división”, manifestó el presidente al defender su decisión. Aseguró que el Estado no hará distinciones al momento de combatir las estructuras criminales y sostuvo que todas serán enfrentadas con la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia.

La nueva política contempla una coordinación más estrecha entre el Ejército Nacional, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El mandatario planteó que estas instituciones deben funcionar de manera articulada, sin rivalidades internas y bajo una misma directriz.

De acuerdo con el Gobierno, esta coordinación busca mejorar la capacidad de respuesta frente a organizaciones que participan en diferentes actividades ilegales y que tienen presencia en varias regiones del país.

Uno de los anuncios principales fue la creación inmediata de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Esta estructura reunirá capacidades del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con participación de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

La intención es concentrar esfuerzos para identificar a los responsables de las extorsiones, perseguir a quienes realizan las amenazas y afectar las estructuras que se benefician económicamente de este delito.

La estrategia también contempla atacar las finanzas de las organizaciones criminales. Para ello, el Gobierno anunció una mayor articulación de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, con la Policía y el sistema financiero.

La administración pretende utilizar el seguimiento de los movimientos económicos para identificar recursos provenientes de actividades como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otras economías criminales.

De la Espriella también ordenó reactivar el sistema de recompensas, fortalecer la red de cooperantes y realizar operativos de redada contra las estructuras ilegales.

Otro de los puntos anunciados está relacionado con las cárceles. El Gobierno plantea realizar traslados penitenciarios urgentes con el objetivo de evitar que los centros carcelarios continúen siendo utilizados como lugares desde los cuales se coordinan actividades de extorsión y otras acciones delictivas.

En materia judicial, la estrategia contempla la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad. La intención es acelerar las investigaciones y fortalecer los procesos de judicialización contra las organizaciones criminales.

El Gobierno considera que las operaciones militares y policiales deben estar acompañadas de una respuesta judicial que permita llevar ante los tribunales a los responsables de las actividades ilegales.

La estrategia anunciada también incluye medidas relacionadas con el denominado “cartel de tierras” y el combate contra el préstamo informal conocido como “gota a gota”, actividad que el presidente calificó como una forma de explotación que afecta a millones de colombianos.

En el frente migratorio, el mandatario impartió instrucciones a Migración Colombia para desarrollar operativos coordinados con la Policía en Barranquilla contra la migración irregular y la delincuencia asociada a algunas de estas estructuras.

La decisión de utilizar una misma categoría para todos los grupos armados representa un cambio frente a los enfoques diferenciados que tradicionalmente han utilizado los gobiernos colombianos para abordar a las organizaciones ilegales.

El anuncio se produce además en un momento en el que la seguridad ocupa uno de los principales lugares en la agenda del nuevo Gobierno. Desde antes de asumir la Presidencia, De la Espriella había advertido que los grupos armados tendrían un plazo para someterse a la justicia y que su administración no ofrecería concesiones que considerara inaceptables.

Durante sus primeras semanas de Gobierno, la administración también ha informado sobre operaciones militares contra integrantes de estructuras armadas ilegales en diferentes regiones del país.

Ahora, con esta nueva directriz, el Ejecutivo busca consolidar una política de seguridad en la que las diferentes instituciones actúen de manera coordinada y en la que las organizaciones criminales sean enfrentadas mediante operaciones militares, policiales, judiciales y financieras.

El presidente indicó además que las próximas reuniones con las autoridades no estarán enfocadas únicamente en elaborar nuevos diagnósticos sobre la inseguridad, sino en verificar que las órdenes impartidas ya estén siendo ejecutadas.