UNP retira esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral

🚨🇨🇴 La Unidad Nacional de Protección, UNP, ordenó retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el activista Beto Coral, tres personas cercanas al gobierno del expresidente Gustavo Petro que habían recibido medidas de protección durante la anterior administración. La decisión se tomó después de una nueva revisión de sus condiciones de riesgo, en la que la entidad determinó que no existían razones suficientes para mantener los esquemas. ⚖️

De acuerdo con la información conocida este viernes 28 de agosto, la revisión de los casos hizo parte de un proceso adelantado por la UNP para verificar si las condiciones que habían dado lugar a las medidas de protección continuaban vigentes.

Los esquemas representaban un costo cercano a 40 millones de pesos mensuales para el Estado, según fuentes citadas en la información. La decisión ha generado una nueva discusión sobre la manera en que fueron asignadas estas medidas durante el gobierno anterior y sobre los criterios utilizados para determinar quiénes requieren protección estatal.

Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el de Gabriela Muñoz, quien había recibido un esquema de seguridad después de denunciar amenazas. El expresidente Gustavo Petro se había referido públicamente a su situación y aseguró que la joven había sido objeto de amenazas de muerte.

Muñoz también había sido cuestionada por su cercanía con sectores del anterior Gobierno y por su presunta influencia en decisiones relacionadas con la Aeronáutica Civil, situación que generó críticas desde diferentes sectores políticos.

En el caso de Juliana Guerrero, la situación tiene una particularidad. Aunque varias informaciones señalaron inicialmente que la UNP había ordenado retirar su esquema, la propia Guerrero desmintió que su protección hubiera sido levantada de manera definitiva.

La exfuncionaria explicó que actualmente se encuentra en curso un estudio de seguridad para determinar las condiciones de riesgo que enfrenta y establecer qué medidas de protección deben mantenerse. Por esta razón, aseguró que su esquema continúa en evaluación y que no se trata de una decisión definitiva de retiro.

Guerrero había recibido protección durante el Gobierno Petro y posteriormente quedó involucrada en una investigación de la Fiscalía por la presunta utilización de títulos falsos de la Universidad San José en su hoja de vida para asumir el cargo de viceministra de las Juventudes. También enfrenta otras denuncias relacionadas con presuntos beneficios económicos derivados de trámites de contratos estatales.

Por su parte, el activista Beto Coral también quedó incluido en la decisión de la UNP. Su caso había sido objeto de controversia desde que recibió medidas de protección después de regresar a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos.

En julio, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, había confirmado que la entidad adelantaba un estudio sobre el nivel de riesgo de Coral, aunque en ese momento evitó revelar detalles sobre las medidas específicas para no comprometer su seguridad.

La asignación de protección a Coral había sido cuestionada por el sindicato de trabajadores de la UNP, Analtraseg, que manifestó dudas sobre la rapidez con la que se habría realizado el procedimiento. El entonces director de la entidad defendió que existía un proceso técnico para evaluar las condiciones de seguridad del activista.

Con la nueva decisión, Guerrero y Coral tienen un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión y controvertir el retiro de sus esquemas. La determinación, por tanto, todavía puede ser objeto de una nueva evaluación por parte de la entidad.

El debate también se extiende a los familiares de Beto Coral. Este viernes se conoció que la UNP solicitó levantar las medidas de protección que tenían su madre y su hermano, luego de que el activista saliera nuevamente del país. La familia cuestionó la decisión y manifestó preocupación por las condiciones de seguridad de los beneficiarios.

La controversia ocurre en medio de una revisión más amplia de los esquemas de seguridad otorgados durante los últimos meses del gobierno de Gustavo Petro. La discusión enfrenta dos posiciones: por un lado, quienes consideran que algunas medidas fueron asignadas sin que existiera un riesgo extraordinario suficiente y, por otro, quienes advierten que las amenazas denunciadas por los beneficiarios deben ser evaluadas de manera individual y técnica.

La UNP sostiene que las medidas de protección deben responder a estudios de riesgo y a criterios establecidos por la entidad, independientemente de la cercanía política de los beneficiarios con uno u otro sector.

Por ahora, la situación de los tres casos no es exactamente igual. Mientras las informaciones conocidas señalan el retiro de las medidas para Beto Coral y Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero asegura que su caso continúa en evaluación y que su protección no ha sido retirada de manera definitiva.