Gobierno establece medidas para evitar el aumento de precios tras el terremoto en Colombia

🚨🇨🇴 El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, estableció nuevas medidas para evitar el aumento injustificado de precios de bienes y servicios esenciales en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. La decisión busca impedir que la emergencia sea aprovechada para generar ganancias adicionales a costa de las familias damnificadas. 🛒⚖️

La SIC emitió una circular en la que recordó a comerciantes y empresas que no está permitido aprovechar las condiciones generadas por la emergencia para incrementar de manera injustificada los precios de productos necesarios para atender las necesidades de la población.

La entidad señaló que los aumentos cuyo único propósito sea obtener un lucro adicional y limitar el acceso de los consumidores a bienes o servicios en condiciones de equidad están prohibidos.

La medida cobra especial importancia debido a la magnitud de la emergencia. El terremoto del 10 de agosto dejó, según las cifras citadas por El Colombiano, más de 406.000 personas damnificadas en diferentes zonas del occidente del país.

Otro de los puntos incluidos en la circular está relacionado con los acuerdos entre empresas competidoras. La SIC advirtió que los comerciantes y compañías no pueden establecer pactos para aumentar los precios de manera directa ni desarrollar estrategias destinadas a reducir artificialmente la oferta de productos.

Sin embargo, la entidad aclaró que sí pueden existir acuerdos legítimos entre competidores cuando sean necesarios para atender la emergencia y representen beneficios para los consumidores. De esta manera, se busca facilitar la cooperación empresarial sin permitir prácticas que terminen afectando a las personas damnificadas.

Las medidas también contemplan disposiciones específicas para las empresas de telecomunicaciones. Estas compañías no podrán cobrar a los usuarios por los periodos durante los cuales el servicio haya permanecido interrumpido como consecuencia de la emergencia.

Además, deberán garantizar la disponibilidad de las llamadas destinadas a los servicios de urgencias y emergencias, incluso en medio de las dificultades que puedan presentarse en las zonas afectadas.

En caso de que una empresa de telecomunicaciones tenga que suspender temporalmente la atención presencial en alguna de sus oficinas, deberá informar a los usuarios y habilitar mecanismos no presenciales para recibir peticiones, quejas y reclamos.

La SIC también hizo un llamado a los alcaldes de los municipios afectados para que refuercen las labores de inspección y vigilancia dentro de sus territorios.

Entre las conductas que deberán ser vigiladas se encuentran el acaparamiento de productos, las ventas atadas, la publicidad engañosa y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca proteger a los consumidores durante la etapa de emergencia y evitar que la escasez, las dificultades de transporte o el aumento de la demanda sean utilizados como argumentos para realizar incrementos injustificados.

La SIC reiteró que las empresas deben mantener condiciones de competencia y garantizar que los productos y servicios esenciales puedan llegar a la población afectada de manera equitativa.