Tres menores murieron tras bombardeo contra disidencias de las FARC en Guaviare

🚨🇨🇴 Una operación militar adelantada en zona rural de El Retorno, Guaviare, dejó diez personas muertas, entre ellas tres menores de edad. El ataque fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella y generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos debido a la presencia de niños y adolescentes entre las víctimas. ⚠️

Los hechos ocurrieron el jueves 27 de agosto, durante la denominada “Operación Amón”, una acción de las Fuerzas Militares dirigida contra integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, una estructura disidente de las FARC liderada por Calarcá Córdoba. En el despliegue participaron once aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y, de acuerdo con la información oficial, durante la operación también fueron incautadas armas, entre ellas fusiles y ametralladoras.

Medicina Legal confirmó que hasta el momento han sido identificados nueve de los diez cuerpos recuperados después del bombardeo. De las personas identificadas, cuatro eran mujeres y cinco hombres, mientras que tres de las víctimas eran menores de edad. Los restos fueron trasladados a instalaciones de Medicina Legal en Florencia, Caquetá, y Villavicencio, Meta, para adelantar los procedimientos de identificación y análisis forense. El décimo cuerpo permanece bajo estudio debido a las condiciones en las que fue encontrado.

El presidente Abelardo de la Espriella defendió públicamente la decisión de realizar el operativo y sostuvo que la responsabilidad por la presencia de menores dentro de las estructuras armadas corresponde a los grupos ilegales que los reclutan. Desde el Gobierno también se rechazó el uso de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones armadas, mientras el Ministerio de Defensa afirmó que el ataque fue ejecutado siguiendo los estándares legales establecidos para este tipo de operaciones aéreas.

Sin embargo, el caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de las operaciones militares cuando existe la posibilidad de que haya menores dentro de los objetivos atacados. La organización de derechos humanos Vivamos Humanos señaló que encontrar niños o adolescentes en un campamento de una estructura armada no significa, por sí solo, que exista una justificación automática para efectuar un bombardeo.

La organización recordó que las Fuerzas Militares tienen el deber de extremar las medidas de precaución cuando exista incertidumbre sobre la edad o la condición de las personas presentes en un objetivo militar. Según su pronunciamiento, en estos escenarios debe analizarse cuidadosamente la ventaja militar que se pretende obtener frente al riesgo de causar afectaciones a civiles, especialmente a menores de edad.

Vivamos Humanos también insistió en que, cuando hay indicios de presencia de niños, niñas o adolescentes, el Estado debe aplicar una “doble cautela” antes de ejecutar una acción de este tipo. Esto implica adoptar todas las medidas razonablemente posibles para evitar que los menores terminen convirtiéndose en víctimas de las operaciones militares.

La situación cobra especial relevancia porque este fue el segundo bombardeo autorizado por De la Espriella durante sus primeras tres semanas en la Presidencia. El operativo en Guaviare deja así un nuevo escenario de discusión sobre la estrategia de seguridad del actual Gobierno, particularmente frente al uso de ataques aéreos contra grupos armados que mantienen dentro de sus filas a menores de edad.

Mientras avanzan los procedimientos de identificación del último cuerpo, las autoridades continúan sosteniendo que la operación estuvo dirigida contra integrantes de una estructura armada ilegal. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos reclaman que la presencia de menores en estos escenarios obliga a extremar las precauciones y a evaluar con especial rigurosidad las consecuencias humanitarias de cada decisión militar.