Fiscalía reactiva órdenes de captura contra Calarcá, Walter Mendoza y otros 44 integrantes de grupos armados

🚨⚖️ La Fiscalía General de la Nación ordenó reactivar las órdenes de captura contra 46 integrantes de diferentes estructuras armadas ilegales, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, y José Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza. La decisión se produce después de que el Gobierno nacional diera por terminadas las mesas de diálogo con estas organizaciones y retirara los reconocimientos que les permitían participar como voceros en los procesos de paz. 🇨🇴🛡️

La determinación fue adoptada mediante la Resolución 0-0263, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. El documento establece que las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante los acercamientos con las estructuras armadas vuelven a tener vigencia.

En total, la medida cobija a 46 personas pertenecientes a tres organizaciones: el Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

La decisión de la Fiscalía está directamente relacionada con el cambio de política del nuevo Gobierno frente a las negociaciones de la denominada Paz Total. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de varias mesas de conversación al considerar que las organizaciones armadas no demostraron una voluntad suficiente de abandonar las actividades criminales y avanzar hacia una verdadera desmovilización.

Con el fin de las negociaciones, desapareció también el contexto jurídico que había permitido suspender temporalmente algunas órdenes de captura contra los representantes de estas estructuras.

Calarcá vuelve a quedar bajo orden de captura

Uno de los nombres más relevantes de la lista es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, señalado como uno de los principales líderes del Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La orden de captura contra el jefe disidente había sido objeto de una amplia controversia durante los últimos meses. La Fiscalía había advertido previamente que la suspensión de esta medida judicial estaba condicionada a que Calarcá cumpliera con los compromisos derivados de su participación en los diálogos y no incurriera en nuevas acciones delictivas.

La Ley 2272 de 2022 contempla la posibilidad de suspender órdenes de captura en determinados procesos de diálogo, pero este beneficio está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas. La Fiscalía había sostenido que, si estas condiciones dejaban de cumplirse, las órdenes podían ser reactivadas.

Ahora, con la terminación oficial de las conversaciones, la situación jurídica de Calarcá cambia nuevamente y las autoridades pueden proceder a ejecutar la orden de captura que había permanecido suspendida.

Walter Mendoza también está en la lista

Otro de los dirigentes incluidos en la resolución es José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, quien había participado como representante de una estructura armada dentro de los procesos de negociación con el Estado.

Su inclusión significa que también queda nuevamente expuesto a una eventual captura por parte de las autoridades, luego de que durante el periodo de conversaciones contara con las condiciones especiales derivadas de su reconocimiento como gestor o vocero de paz.

La medida también alcanza a otros integrantes de las organizaciones que habían recibido un tratamiento judicial especial mientras permanecían vinculados a los procesos de diálogo.

Una decisión que cambia el escenario de la Paz Total

La reactivación de las órdenes de captura representa un giro significativo frente a la política implementada durante el Gobierno anterior. La administración de Gustavo Petro había utilizado la suspensión de órdenes judiciales como uno de los mecanismos para facilitar la participación de representantes de grupos armados en las mesas de negociación.

Sin embargo, el nuevo Gobierno decidió cerrar tres procesos de diálogo y retirar los reconocimientos otorgados a sus integrantes. Entre las estructuras afectadas se encuentran el Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La decisión también se suma a otras medidas adoptadas recientemente contra integrantes de organizaciones armadas, entre ellas la autorización de extradiciones de varios cabecillas que anteriormente habían tenido sus procesos suspendidos debido a su participación en las negociaciones.

De esta manera, el Gobierno busca regresar a una estrategia centrada en la persecución judicial y militar de las organizaciones que continúen desarrollando actividades ilegales.

La Fiscalía había advertido sobre el incumplimiento

El caso de Calarcá ya había generado tensión entre la Fiscalía y el Gobierno nacional antes de que se produjera la decisión definitiva.

En marzo de este año, la fiscal general había anunciado que se realizaría una evaluación jurídica para establecer si existían razones suficientes para reactivar la orden de captura contra el jefe disidente. La discusión estaba relacionada con los hechos violentos atribuidos a integrantes de su estructura y con el cumplimiento de las condiciones que permitieron suspender la medida judicial.

La Fiscalía incluso había presentado argumentos relacionados con varios hechos violentos para sustentar que la estructura de Calarcá podría haber incumplido las condiciones que le permitían mantenerse dentro del proceso de paz.

Entre los casos analizados se encontraban investigaciones por homicidios, ataques contra la Fuerza Pública y otros hechos ocurridos en diferentes regiones del país.

Durante ese periodo, la decisión sobre las órdenes de captura fue objeto de conversaciones entre el ente acusador y representantes del Gobierno. En abril, la Fiscalía había mantenido suspendidas las órdenes mientras continuaban las discusiones institucionales sobre el futuro de los diálogos.

Un nuevo escenario para los grupos armados

Con la decisión conocida este martes, las 46 personas incluidas en la resolución dejan de contar con la protección jurídica derivada de la suspensión de las órdenes de captura.

Esto significa que las autoridades podrán ejecutar las medidas judiciales correspondientes cuando logren ubicar a los integrantes de estas organizaciones que permanezcan en territorio nacional y que estén cobijados por órdenes vigentes.

La situación también podría tener repercusiones sobre las estructuras armadas que habían participado en las conversaciones, pues sus integrantes deberán enfrentar nuevamente las actuaciones judiciales que habían quedado suspendidas.

El Gobierno ha insistido en que el cierre de las mesas responde a la falta de resultados concretos y a la continuidad de actividades criminales por parte de las organizaciones. La decisión marca una diferencia clara frente al enfoque de negociación utilizado anteriormente.

El Gobierno endurece su estrategia de seguridad

La reactivación de estas órdenes de captura ocurre en medio de un endurecimiento de la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En las últimas semanas, el Ejecutivo también ha ordenado operaciones militares contra diferentes grupos armados, incluidos bombardeos contra estructuras de las disidencias de las FARC y acciones contra organizaciones que mantienen presencia en zonas como Catatumbo y Guaviare.

A esto se suma la autorización de extradiciones de varios cabecillas de organizaciones criminales, lo que evidencia un cambio de rumbo frente a la política de negociación que caracterizó al Gobierno anterior.

La Fiscalía, por su parte, retoma ahora las actuaciones judiciales contra los 46 integrantes incluidos en la resolución.

La decisión deja así un nuevo panorama para la seguridad y la política de paz en Colombia: mientras el Gobierno apuesta por desactivar las estructuras armadas mediante acciones militares, judiciales y de extradición, los antiguos voceros de las mesas de diálogo vuelven a estar bajo el alcance de las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante las negociaciones.