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Audios vuelven a poner bajo la lupa a exfuncionario de Petro por supuestas gestiones ante la SAE
🚨🇨🇴 Unos audios atribuidos a Amelia Pérez, quien estuvo al frente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, volvieron a generar cuestionamientos alrededor de Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia durante el gobierno de Gustavo Petro. En las grabaciones, Pérez expresa su molestia por unas solicitudes que, según su relato, Idárraga habría realizado para modificar la administración de bienes relacionados con un hombre señalado de narcotráfico, conocido con el alias de ‘Fortuna’. Idárraga niega haber cometido alguna irregularidad y sostiene que sus actuaciones estuvieron relacionadas con información sobre un posible atentado contra el entonces presidente Petro. ⚖️📢
La controversia gira alrededor de una conversación que habría ocurrido en 2025 y que posteriormente fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo. En ella, la entonces presidenta de la SAE manifiesta su inconformidad por las insistentes gestiones que, según asegura, venía recibiendo por parte de Idárraga.
De acuerdo con el relato de Pérez, el exfuncionario la habría citado en su oficina para hablar de un asunto que estaría relacionado con la seguridad nacional y con información entregada por una persona identificada como alias ‘Fortuna’.
El caso tomó especial relevancia porque, según la información conocida, los supuestos emisarios de narcotraficantes habrían buscado acercamientos con diferentes entidades del Estado ofreciendo información sobre posibles atentados a cambio de determinados beneficios.
¿Qué le habría solicitado Idárraga a la SAE?
Según lo manifestado por Amelia Pérez en la grabación, Idárraga le habría solicitado modificar al depositario de uno de los bienes que se encontraban bajo administración de la SAE.
La persona que, según el audio, habría sido propuesta para asumir esa función era Isabel Cristina Aguirre Piñeres. Pérez asegura que incluso recibió los datos de identificación de la mujer y que la solicitud habría sido presentada como un asunto urgente debido a información relacionada con armas y con la seguridad del entonces presidente Gustavo Petro.
El planteamiento, de acuerdo con la versión de la exdirectora de la SAE, no se habría limitado a un único inmueble. Pérez mencionó además aproximadamente 24 bienes que estarían relacionados con alias ‘Fortuna’.
La entonces funcionaria cuestionó por qué la SAE debía intervenir directamente en ese asunto y manifestó que, de acuerdo con su percepción, Idárraga tenía contacto con otras autoridades que podían manejar la información.
Pérez también afirmó que había revisado los antecedentes de la persona propuesta como depositaria y encontró anotaciones relacionadas con procesos civiles. Ante esta situación, expresó su desacuerdo y dejó claro que la decisión sobre los depositarios correspondía a la entidad que dirigía.
Amelia Pérez aseguró que se sintió presionada
Uno de los elementos que más llamó la atención en el audio es el tono utilizado por Pérez al referirse a las comunicaciones que estaba recibiendo.
La entonces presidenta de la SAE manifestó su molestia por lo que calificó como insistencia de Idárraga y aseguró que no estaba dispuesta a aceptar una modificación que, según su interpretación, no correspondía realizar de esa manera.
Incluso advirtió que podría denunciar la situación si las presuntas presiones continuaban.
Sin embargo, es importante precisar que las grabaciones muestran la versión y percepción expresada por Pérez en esa conversación. Por sí solas, no constituyen una decisión judicial que determine que Idárraga haya cometido un delito o haya ejercido una presión ilegal.
¿Quién es alias ‘Fortuna’ dentro de esta historia?
El nombre de alias ‘Fortuna’ aparece relacionado con una cadena de contactos que, según la información revelada, habría comenzado con personas que decían representar a señalados narcotraficantes y que buscaban acercarse a organismos del Estado.
De acuerdo con la reconstrucción publicada, estos emisarios habrían acudido inicialmente a la Unidad Nacional de Protección, UNP, y posteriormente a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI.
La intención habría sido entregar información relacionada con posibles hechos de seguridad y, a cambio, solicitar beneficios para ellos o para personas cercanas.
La información entregada habría permitido realizar un operativo en una finca ubicada en Puerto Boyacá, donde las autoridades encontraron armas y municiones, según el reporte citado por El Colombiano.
La información también habría llegado a Idárraga
Posteriormente, los supuestos emisarios habrían llegado hasta funcionarios de la Presidencia.
Según la versión entregada por Idárraga, la información que recibió estaba relacionada con un posible atentado contra Gustavo Petro durante el desfile militar del 20 de julio en Santa Marta.
El exsecretario de Transparencia sostiene que su intervención consistió en poner esa información en conocimiento de las autoridades competentes y que no actuó por iniciativa personal para favorecer a ninguna persona.
De acuerdo con su versión, el propio Petro conocía la situación y le habría indicado que hablara con funcionarios encargados de la protección presidencial.
Idárraga también aseguró que explicó el caso a otras autoridades y que el asunto terminó siendo trasladado a funcionarios de la Fiscalía.
Idárraga niega haber ordenado modificar el depositario
Frente a los señalamientos, Andrés Idárraga rechazó que haya ejercido presiones indebidas sobre Amelia Pérez.
El exfuncionario explicó que su papel fue transmitir información que consideraba relevante para la seguridad del presidente y que cualquier eventual beneficio solicitado por las personas que entregaron esa información debía estar sometido estrictamente a la ley.
Según su versión, él nunca ordenó que la SAE designara a una persona específica como depositaria de los bienes.
También sostuvo que el procedimiento fue conocido por altos funcionarios del Estado, incluyendo al entonces presidente Gustavo Petro, la fiscal general y el comandante del Ejército.
Idárraga afirmó además que la información proporcionada por esas fuentes permitió realizar un operativo en Santa Marta durante la madrugada del 20 de julio, en el que, según su relato, fueron encontrados granadas de mortero, fusiles y proveedores.
El problema surgió cuando las fuentes reclamaron beneficios
Otro elemento de la controversia está relacionado con lo que ocurrió después de que se produjeran los operativos.
Según Idárraga, las personas que habían entregado información comenzaron a reclamar por los beneficios que esperaban recibir a cambio de su colaboración.
En ese contexto habría aparecido la hoja de vida de la mujer que pretendían que fuera designada como depositaria de uno de los bienes.
La documentación fue revisada por la SAE y, de acuerdo con la versión del exfuncionario, finalmente la entidad determinó que la candidata no cumplía con los requisitos para asumir esa responsabilidad.
La SAE, por tanto, no habría realizado el cambio solicitado.
Un caso que vuelve a generar preguntas sobre el manejo de bienes incautados
La controversia también pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar bienes que se encuentran bajo control del Estado en diferentes procesos.
La figura del depositario es particularmente importante dentro de este sistema, ya que se trata de la persona encargada de custodiar y administrar un determinado bien, sin convertirse por ello en su propietario.
Precisamente por tratarse de bienes vinculados a procesos de extinción de dominio y otros procedimientos judiciales, cualquier modificación en su administración debe cumplir con requisitos establecidos por la legislación.
Las versiones enfrentadas mantienen abierta la controversia
El caso presenta dos versiones diferentes sobre lo ocurrido.
Por un lado, Amelia Pérez sostiene en el audio que recibió insistentes solicitudes y que interpretó esas gestiones como una presión para modificar la administración de determinados bienes relacionados con alias ‘Fortuna’.
Por otro, Andrés Idárraga afirma que no buscaba beneficiar ilegalmente a ninguna persona y que sus actuaciones estuvieron motivadas por información relacionada con un posible atentado contra el entonces presidente Petro.
El exfuncionario insiste además en que el asunto era conocido por altos funcionarios del Estado y que las actuaciones realizadas posteriormente permitieron verificar parte de la información entregada por las fuentes.
Hasta el momento, los señalamientos divulgados en torno a estos audios deben entenderse como acusaciones y versiones enfrentadas, y no como una condena o una decisión judicial que haya establecido responsabilidad penal de Idárraga.
La aparición nuevamente de estas grabaciones, sin embargo, reabre las preguntas sobre los contactos que presuntos narcotraficantes habrían intentado establecer con entidades estatales y sobre las condiciones en las que se manejaron sus solicitudes de información y eventuales beneficios.
El caso también vuelve a poner la atención sobre el manejo de los bienes administrados por la SAE y sobre los controles que deben existir para impedir que intereses particulares puedan influir en decisiones relacionadas con activos incautados al crimen organizado.