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De la Espriella levanta la suspensión general del porte de armas en Colombia
🇨🇴🔫 El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes 8 de septiembre el decreto que pone fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La decisión permite que los ciudadanos que ya cuentan con permisos individuales vigentes puedan volver a portar las armas autorizadas sin requerir una autorización especial adicional, aunque se mantienen los requisitos, controles y restricciones establecidos por la ley. 🏛️⚖️
El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde defendió la medida como una de las promesas que hizo durante su campaña presidencial.
De la Espriella sostuvo que durante los últimos años se restringió a ciudadanos que cumplen con la legislación, mientras que las organizaciones criminales continuaron utilizando armas de manera ilegal.
“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente”, afirmó el presidente al explicar las razones que llevaron a su Gobierno a levantar la suspensión.
El decreto no significa que cualquier persona pueda portar armas
Uno de los puntos que el Gobierno quiso dejar claro es que la decisión no establece un porte libre o indiscriminado de armas de fuego.
El Decreto 1368 de 2026 restablece la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes, pero mantiene el sistema de control establecido por la legislación colombiana.
Esto significa que una persona no puede simplemente comprar un arma y comenzar a llevarla consigo. Para portar legalmente un arma debe contar con el respectivo permiso otorgado por la autoridad militar competente y cumplir las condiciones establecidas.
La medida tampoco beneficia a quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados. También quedan por fuera las personas que tengan alguna prohibición legal o judicial para portar armas.
¿Qué cambia entonces con la decisión?
La principal modificación consiste en que quienes ya tenían un permiso vigente para portar un arma dejan de estar sometidos a la suspensión general que durante varios años impedía ejercer ese permiso, salvo que obtuvieran una autorización especial.
El Gobierno explicó que la suspensión general se había convertido en una regla que, en la práctica, impedía el porte incluso a personas que cumplían con los requisitos legales.
Con el nuevo decreto, esos permisos recuperan su eficacia y las autoridades militares deberán adoptar las medidas necesarias para restablecerlos.
La norma comenzará a aplicarse desde el 9 de septiembre de 2026, después de su publicación en el Diario Oficial.
Se mantienen los controles para obtener un permiso
Aunque se levantó la suspensión general, continúan vigentes las condiciones establecidas para acceder a un permiso de porte.
Entre los requisitos se mantienen las evaluaciones y verificaciones relacionadas con las condiciones físicas, psíquicas y emocionales del solicitante, además de la revisión de antecedentes y las demás exigencias establecidas por las autoridades.
La decisión tampoco elimina las facultades del Estado para expedir, renovar, suspender, cancelar o revocar permisos.
La Policía Nacional, además, conserva sus funciones de inspección, control e incautación de armas cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen.
Por esa razón, el Gobierno insiste en que la medida no representa una apertura generalizada del mercado de armas ni significa que cualquier ciudadano pueda portar una sin autorización.
De la Espriella defendió la medida con cifras de incautaciones
Para justificar su decisión, el presidente presentó cifras sobre el número de armas de fuego incautadas por la Fuerza Pública durante los primeros meses de 2026.
Según los datos divulgados por el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15.700 armas de fuego en Colombia.
De ese total, De la Espriella aseguró que 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
El presidente también indicó que 980 armas estaban vinculadas con disidencias de las Farc, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
Dentro del armamento relacionado con las disidencias, mencionó además 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.
Para el jefe de Estado, estas cifras demuestran que la principal amenaza está representada por las armas que utilizan las organizaciones criminales y que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en combatirlas.
“La seguridad no puede construirse desarmando al ciudadano”
El presidente defendió la idea de que los ciudadanos que cumplen con las normas deben tener la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa dentro de los límites establecidos por la legislación.
En su mensaje, aseguró que la política de seguridad de su Gobierno estará enfocada en perseguir a quienes utilizan armas de manera ilegal y retirarles ese armamento.
De la Espriella también insistió en que los ciudadanos que cuenten con permisos y cumplan rigurosamente las condiciones legales tendrán garantías dentro del marco de la ley.
Su argumento central es que el levantamiento de la suspensión no pretende armar indiscriminadamente a la población, sino permitir nuevamente el uso de los permisos que ya habían sido concedidos y que permanecían vigentes.
Una suspensión que llevaba varios años
La decisión modifica una política que se había mantenido durante diferentes gobiernos.
La suspensión general del porte de armas fue establecida durante la administración de Juan Manuel Santos en 2015 y posteriormente fue mantenida por los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, pese a las diferencias políticas entre esas administraciones.
Durante esos años, el argumento principal para mantener la restricción estuvo relacionado con la necesidad de reducir la circulación de armas entre la población civil y prevenir que estas terminaran siendo utilizadas en hechos violentos o llegaran posteriormente a manos de organizaciones criminales.
Ahora, el Gobierno de De la Espriella ha optado por una estrategia diferente, bajo el argumento de fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos que cumplen la ley.
La medida ya genera fuertes críticas
La decisión provocó reacciones encontradas en el escenario político colombiano.
Mientras sectores de derecha celebraron el levantamiento de la suspensión y consideran que la medida devuelve una posibilidad de defensa a los ciudadanos autorizados, desde sectores de oposición surgieron advertencias sobre los posibles efectos que podría generar un aumento de armas en circulación.
El senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, calificó la decisión como un error y manifestó preocupación porque armas que inicialmente fueron adquiridas legalmente puedan terminar posteriormente en manos de organizaciones criminales.
Su argumento apunta a la pérdida de trazabilidad que puede producirse cuando un arma legal es robada, vendida ilegalmente o termina en poder de estructuras delincuenciales.
También cuestionó la idea de que la seguridad pueda depender de que los civiles estén armados y defendió el papel del Estado como responsable del monopolio legítimo de la fuerza.
Gustavo Petro también reaccionó
El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de su sucesor y cuestionó fuertemente el levantamiento de la suspensión.
Petro calificó la medida como “necropolítica”, término con el que expresó su rechazo a una política que, desde su perspectiva, podría aumentar la exposición de la población a hechos violentos.
La reacción de Petro se suma al debate político que se abrió inmediatamente después de que De la Espriella anunciara la firma del decreto.
El debate queda abierto
La decisión del Gobierno cambia de manera importante la política que Colombia venía aplicando frente al porte de armas de fuego.
Sin embargo, no se trata de una autorización general para que los ciudadanos porten armas sin control. El beneficio está dirigido a quienes ya cuentan con permisos individuales vigentes y cumplen las condiciones establecidas por las autoridades.
Los permisos vencidos, cancelados, suspendidos o revocados continúan sin permitir el porte, al igual que las situaciones en las que exista una restricción judicial o administrativa.
La discusión ahora se concentra en los posibles efectos de la medida sobre la seguridad ciudadana.
Mientras el Gobierno sostiene que los ciudadanos que cumplen la ley no deberían quedar en desventaja frente a los delincuentes armados, sus críticos advierten que aumentar la circulación de armas podría generar nuevos riesgos y facilitar que algunas de ellas terminen posteriormente en manos de organizaciones criminales.
El levantamiento de la suspensión comenzará a regir este miércoles 9 de septiembre y marcará un cambio frente a la política de desarme civil que Colombia había mantenido durante más de una década.