Judicial
Proyecto de ley propone nuevos derechos para trabajadores por prestación de servicios en Colombia
📄🇨🇴💼 Los contratos de prestación de servicios podrían experimentar importantes modificaciones si avanza en el Congreso el Proyecto de Ley 218 de la Cámara de Representantes, una iniciativa que busca establecer mayores garantías para las personas vinculadas bajo esta modalidad. La propuesta contempla cambios en los tiempos de contratación, períodos de descanso, pago de honorarios, seguridad social, exámenes ocupacionales y protección frente a terminaciones unilaterales. Sin embargo, por ahora ninguna de estas medidas está vigente. 🏛️⚖️
La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y plantea modificar algunas de las condiciones bajo las cuales funcionan actualmente los contratos de prestación de servicios, especialmente en el sector público.
Uno de los aspectos que el proyecto busca mantener claro es que estos contratos continuarían teniendo naturaleza civil o administrativa y no se convertirían automáticamente en contratos laborales.
La propuesta pretende establecer mayores garantías para quienes trabajan bajo esta modalidad sin modificar su esencia jurídica.
Buscan poner límites a la duración de los contratos
Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la duración de los contratos.
El proyecto propone que los contratos de prestación de servicios tengan una temporalidad realmente relacionada con el tiempo necesario para cumplir el objeto contratado.
Además, se busca impedir que las entidades públicas utilicen esta modalidad para desarrollar actividades que sean permanentes y misionales dentro de su funcionamiento.
La propuesta también establece que los contratistas no podrían ser obligados a continuar trabajando gratuitamente mientras esperan que se firme una prórroga de su contrato.
Con esta medida se pretende evitar una situación que afecta a algunos contratistas cuando termina formalmente su vínculo, pero deben continuar realizando actividades mientras se completan los trámites administrativos para renovar el contrato.
Contratistas tendrían derecho a 16 días de descanso
Otro de los puntos que más llama la atención es la creación de un período obligatorio de descanso.
De acuerdo con el proyecto, quienes tengan un contrato de prestación de servicios tendrían derecho a 16 días calendario consecutivos de descanso por cada año de contrato.
En aquellos casos en los que el vínculo tenga una duración inferior a un año, el tiempo de descanso se calcularía de manera proporcional.
El período estaría incluido dentro de la vigencia del contrato y no podría significar una reducción de los honorarios del contratista.
Además, la propuesta establece que estos días deberán disfrutarse efectivamente y no podrían ser reemplazados por un pago en dinero.
De esta manera, se busca establecer una especie de período de desconexión y descanso para quienes actualmente trabajan mediante contratos de prestación de servicios, sin que esto implique convertir su vínculo en un contrato laboral.
También cambiaría la forma de establecer los honorarios
La iniciativa plantea modificar la manera en que las entidades públicas determinan los honorarios de los contratistas.
Para establecer el valor del contrato deberían tenerse en cuenta factores como la formación académica, experiencia, especialidad y funciones que desempeñará la persona contratada.
Además, las entidades estatales tendrían que elaborar y publicar en sus páginas web una tabla que permita comparar los honorarios de los contratistas con los salarios de funcionarios de planta que desempeñen tareas similares.
La intención es reducir las diferencias injustificadas en los pagos y establecer criterios más claros para determinar cuánto debería recibir una persona contratada bajo esta modalidad.
Habría plazos máximos para pagar los honorarios
El proyecto también busca ponerle límite a los tiempos que tienen las entidades públicas para pagar las cuentas de cobro.
Para las entidades del orden nacional, departamentos, distritos, corporaciones autónomas regionales y municipios de categoría especial y primera, el plazo máximo propuesto sería de 15 días calendario.
En el caso de los municipios de categorías segunda a sexta, el límite planteado sería de 30 días calendario.
Pero la iniciativa va más allá y establece una consecuencia económica para las entidades que incumplan estos plazos.
Si una entidad se demora en pagar una cuenta de cobro, tendría que reconocer al contratista un día de honorarios por cada día de retraso, con un límite máximo equivalente al valor total del contrato.
La entidad pública asumiría el trámite de seguridad social
Uno de los cambios que podría generar mayor impacto para los contratistas está relacionado con el pago de la seguridad social.
Actualmente, en términos generales, los trabajadores independientes deben encargarse de realizar sus aportes correspondientes.
El proyecto plantea que esta responsabilidad administrativa sea asumida directamente por la entidad pública contratante.
La entidad retendría de los honorarios el dinero correspondiente y realizaría los pagos de salud y pensión mediante la PILA.
También tendría que reportar ante el sistema correspondiente el inicio, suspensión o terminación del contrato.
Esto significaría un cambio importante en el procedimiento, pues el contratista ya no tendría que realizar personalmente el trámite mensual de pago de sus aportes, aunque el valor correspondiente continuaría siendo descontado de sus honorarios.
Protección especial durante el embarazo
El proyecto también contempla una medida relacionada con la maternidad y la paternidad.
En caso de embarazo de una contratista o cuando el contratista sea el padre de un menor por nacer, se podría solicitar que los aportes a seguridad social se calculen sobre el 100 % del valor del contrato hasta la semana 20 de gestación.
En estos casos, la entidad contratante asumiría directamente el 50 % de dicho aporte.
La medida busca brindar una protección adicional durante una etapa en la que actualmente los trabajadores independientes pueden enfrentar dificultades relacionadas con la continuidad de sus ingresos y la cobertura de seguridad social.
Los exámenes ocupacionales correrían por cuenta de la entidad
Otra modificación está relacionada con los exámenes médicos ocupacionales.
La propuesta establece que los exámenes iniciales y periódicos que sean obligatorios deberían ser pagados completamente por la entidad pública contratante.
El contratista no tendría que asumir ese costo ni se podría descontar de sus honorarios.
Tampoco podría exigirse que la persona contratada pague estos exámenes como una condición financiera previa a la firma del contrato.
Se eliminarían algunas pólizas de cumplimiento
El proyecto también contempla cambios en materia de garantías.
Se propone eliminar la exigencia obligatoria de pólizas de cumplimiento para determinadas personas naturales cuando los contratos correspondan exclusivamente a actividades de asesoría o labores intelectuales.
La medida también aplicaría, según el proyecto, a contratos que no incluyan anticipos ni manejo de recursos públicos o que tengan un valor inferior al 10 % de la menor cuantía de la entidad.
La intención es reducir costos y trámites para determinados contratistas cuando, por las características del servicio contratado, el riesgo para la administración sea menor.
Mayor protección frente a terminaciones unilaterales
La iniciativa también busca crear una protección especial para contratistas que se encuentren en determinadas condiciones de vulnerabilidad.
La propuesta restringiría la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato cuando la persona informe que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud, agravamiento de una discapacidad, embarazo o durante licencias de maternidad o paternidad.
Si la entidad incumple esta protección, podría tener que asumir indemnizaciones de hasta 180 días de honorarios.
El objetivo es evitar que personas que atraviesan circunstancias especialmente delicadas queden sin ingresos de manera repentina debido a la terminación de su contrato.
Podrían acceder a programas de bienestar
La propuesta también abre la posibilidad de que los contratistas participen voluntariamente en los programas de bienestar desarrollados por las entidades públicas.
Asimismo, podrían recibir beneficios relacionados con transporte y alimentación, dependiendo de las condiciones y programas establecidos por cada entidad.
Esto buscaría reducir algunas de las diferencias existentes entre trabajadores de planta y personas vinculadas mediante prestación de servicios, sin modificar la naturaleza jurídica del contrato.
Todavía no es una ley
Aunque las modificaciones planteadas podrían beneficiar a miles de personas que trabajan bajo contratos de prestación de servicios, es importante aclarar que todavía no son obligatorias.
El Proyecto de Ley 218 debe cumplir todo el procedimiento legislativo antes de convertirse en una norma vigente.
La iniciativa tendrá que superar dos debates en la Cámara de Representantes y posteriormente otros dos en el Senado de la República.
Si logra ser aprobada por el Congreso, todavía deberá recibir la respectiva sanción presidencial antes de convertirse en ley.
Por esta razón, quienes actualmente trabajan por prestación de servicios no pueden exigir todavía los 16 días de descanso, los nuevos plazos de pago o que la entidad realice directamente sus aportes a seguridad social con base únicamente en esta propuesta.
Una discusión que busca cambiar las condiciones de miles de contratistas
La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones en las que trabajan millones de colombianos vinculados mediante contratos de prestación de servicios.
Esta modalidad fue diseñada para contratar actividades específicas y temporales, pero durante años ha sido objeto de cuestionamientos cuando se utiliza para desarrollar funciones permanentes dentro de entidades públicas.
El proyecto busca establecer límites más claros y otorgar algunas garantías adicionales, especialmente frente al descanso, los pagos oportunos, la seguridad social y la protección de personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
Sin embargo, sus promotores tendrán que convencer al Congreso de la viabilidad de las modificaciones propuestas y lograr que el texto supere todos los debates correspondientes.
Por ahora, el proyecto representa una propuesta de cambio en las reglas de contratación por prestación de servicios, pero todavía falta todo el trámite legislativo para determinar cuáles de estas medidas terminarán convirtiéndose en una obligación para las entidades públicas.