Judicial
Gobierno proyecta construir 10 nuevas cárceles fuera de las ciudades para reforzar la seguridad en Colombia
🚨🏛️🇨🇴 El Gobierno nacional avanza en los planes para construir 10 nuevos centros penitenciarios en Colombia, como parte de su estrategia para enfrentar la crisis carcelaria, reducir el hacinamiento y fortalecer el control sobre las personas privadas de la libertad. La información fue entregada por el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, luego de una reunión de la bancada con el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien confirmó que los nuevos establecimientos serían proyectados en zonas ubicadas por fuera de los principales centros urbanos. 🔒
La propuesta hace parte de la política penitenciaria que viene impulsando el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y retoma una de las principales promesas que el mandatario había planteado durante su campaña presidencial.
Según explicó Cepeda, durante el encuentro con el ministro de Justicia se abordó la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria del país y evitar que los nuevos establecimientos queden dentro de las ciudades.
La idea es que las nuevas cárceles sean construidas en sectores alejados de las zonas urbanas, una decisión que, de acuerdo con los argumentos presentados por los congresistas conservadores, permitiría disminuir algunos riesgos de seguridad asociados con la presencia de grandes centros penitenciarios dentro de las ciudades.
Las nuevas cárceles estarían fuera de las zonas urbanas
Uno de los aspectos centrales del anuncio tiene que ver con la ubicación de los futuros establecimientos.
Efraín Cepeda señaló que la bancada conservadora le planteó al ministro Cancino que las nuevas cárceles no fueran construidas dentro de las ciudades, sino en sectores periféricos o apartados.
De acuerdo con lo informado por el dirigente político, el jefe de la cartera de Justicia estuvo de acuerdo con este planteamiento y manifestó que precisamente así se estaban concibiendo los nuevos proyectos.
La decisión busca evitar que este tipo de infraestructura quede integrada directamente a zonas residenciales y comerciales, además de reducir posibles riesgos relacionados con seguridad, operativos de fuga, comunicaciones ilegales y actividades delictivas que puedan continuar desarrollándose desde el interior de las prisiones.
Sin embargo, hasta el momento no se han detallado públicamente los municipios en los que serían construidos los 10 establecimientos, ni se han divulgado cronogramas definitivos para el inicio de las obras.
Una propuesta que De la Espriella ya había anunciado durante su campaña
La construcción de las 10 cárceles no es una propuesta nueva.
Durante su campaña presidencial, en abril de 2026, Abelardo de la Espriella había anunciado que, de llegar al Gobierno, impulsaría la construcción de 10 megacárceles destinadas principalmente a personas responsables de delitos graves.
El entonces candidato planteó que estos establecimientos servirían especialmente para recluir a personas involucradas en la producción, distribución y comercialización de drogas, además de contribuir a enfrentar el hacinamiento que afecta al sistema penitenciario colombiano.
En aquel momento también propuso la construcción de 10 megacentros de rehabilitación destinados a atender a personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
La propuesta buscaba combinar una política de mayor firmeza frente al delito con espacios destinados a quienes estuvieran dispuestos a iniciar procesos de recuperación y rehabilitación.
El hacinamiento es uno de los problemas que busca atender el Gobierno
Uno de los argumentos para impulsar la ampliación de la infraestructura penitenciaria es la situación de hacinamiento que atraviesa el sistema carcelario.
Durante la campaña, De la Espriella señaló que el sistema tenía un nivel de hacinamiento superior al 27 %, situación que dificulta las condiciones de reclusión y también los procesos de resocialización.
La construcción de nuevos establecimientos pretende generar más cupos y distribuir de una manera diferente a la población privada de la libertad.
La medida también estaría relacionada con la intención del Gobierno de establecer centros con mayores condiciones de seguridad y tecnología, particularmente para personas consideradas de alta peligrosidad.
Gobierno también busca reforzar los inhibidores de señal
Además de la construcción de nuevas cárceles, el Ministerio de Justicia estaría implementando medidas para impedir que los internos continúen utilizando los establecimientos penitenciarios como centros de operación delictiva.
Uno de los principales puntos mencionados durante la reunión fue el funcionamiento de los inhibidores de señal.
Estos equipos buscan impedir o limitar las comunicaciones telefónicas desde el interior de las cárceles, una herramienta considerada fundamental para evitar que personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades criminales.
Según la información entregada por Cepeda, el ministro Iván Cancino explicó que algunos de estos sistemas estarían siendo desconectados de manera irregular.
Ante esta situación, el Gobierno pretende aumentar los controles y la vigilancia sobre los equipos para evitar que sean manipulados o desactivados.
La intención es que los sistemas de bloqueo de comunicaciones permanezcan funcionando y que las autoridades puedan detectar cualquier intento de interferencia sobre estos dispositivos.
También se habló de corrupción dentro del sistema penitenciario
Durante la reunión con los congresistas conservadores, el ministro de Justicia también habría expuesto algunas dificultades encontradas dentro de la cartera y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.
Según Efraín Cepeda, el Gobierno estaría documentando presuntos casos de corrupción relacionados con el funcionamiento del sistema carcelario.
La situación se suma a las dificultades presupuestales que enfrenta actualmente el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con lo señalado por Cepeda, la cartera habría recibido recursos insuficientes para atender todas las necesidades previstas durante este año, por lo que el ministro estaría adelantando un proceso de reorganización y revisión de prioridades.
La revisión incluiría tanto el manejo de los recursos como el funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar y mantener la infraestructura penitenciaria.
El anuncio coincide con nuevos traslados de internos
El anuncio sobre las nuevas cárceles se conoció el mismo día en que se realizaron varios traslados de personas privadas de la libertad desde el Centro de Servicios Penitenciarios de la Policía, conocido como Cespo, hacia la cárcel La Picota, en Bogotá.
Entre los trasladados estuvieron el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, el exalcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa, el abogado Álex Vernot y el exdirector del DAS Emiro Rojas.
De acuerdo con la información divulgada, el objetivo de estos traslados era evitar que los internos conservaran las condiciones especiales de reclusión que tenían mientras permanecían en la guarnición policial.
Este tipo de decisiones hace parte de la política anunciada por el Ministerio de Justicia para fortalecer el control sobre los establecimientos penitenciarios y garantizar que las personas privadas de la libertad permanezcan en los lugares establecidos por las autoridades competentes.
Gobierno también analiza un proyecto de sometimiento a la justicia
La reunión con la bancada conservadora dejó sobre la mesa otro posible proyecto que podría llegar al Congreso.
Según lo informado, el Gobierno estudia presentar una iniciativa legislativa relacionada con el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales.
La propuesta buscaría establecer mecanismos para que estructuras delincuenciales puedan acogerse a la justicia bajo determinadas condiciones.
Efraín Cepeda aseguró que el Partido Conservador analizará el proyecto una vez sea presentado y se conozcan sus detalles.
El dirigente político también mencionó que una organización criminal del departamento del Atlántico habría manifestado su intención de someterse a la justicia, aunque no reveló de qué grupo se trataría ni explicó bajo qué mecanismo se produciría ese eventual proceso.
Una política penitenciaria con énfasis en seguridad
La construcción de las 10 nuevas cárceles se suma a una serie de medidas que el Gobierno pretende implementar para modificar el funcionamiento del sistema penitenciario.
La estrategia combina la ampliación de la infraestructura con mayores controles tecnológicos, especialmente en materia de comunicaciones, y una revisión de la administración de los recursos destinados al sector.
La intención también es impedir que los establecimientos penitenciarios continúen siendo utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior.
El Gobierno considera que ampliar la capacidad carcelaria es necesario para enfrentar el hacinamiento, pero también deberá resolver otros problemas relacionados con la infraestructura existente, el personal de custodia, la atención de los internos y los procesos de resocialización.
Aún faltan detalles sobre las obras
Aunque el Gobierno ya confirmó que trabaja en la construcción de los 10 establecimientos, todavía quedan por definirse varios aspectos.
No se conocen oficialmente los terrenos en los que serán construidos, el presupuesto total requerido, la capacidad que tendrá cada cárcel ni las fechas exactas en las que comenzarían las obras.
Tampoco se ha establecido públicamente si todos los establecimientos tendrán características de máxima seguridad o si serán destinados a diferentes perfiles de población privada de la libertad.
Estos detalles serán determinantes para conocer el verdadero alcance de la iniciativa y cuánto representará para las finanzas públicas.
El Gobierno busca cumplir una de sus principales promesas en materia de seguridad
La construcción de las 10 cárceles representa uno de los primeros pasos concretos hacia una propuesta que Abelardo de la Espriella presentó durante su campaña presidencial.
El objetivo anunciado es contar con una mayor capacidad para recluir a quienes cometan delitos graves y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario.
La decisión de ubicar los nuevos establecimientos en las afueras de las ciudades responde además a una solicitud planteada por sectores políticos que consideran necesario mantener este tipo de infraestructura alejada de las zonas urbanas.
Mientras avanzan los estudios y la planeación de los proyectos, el Ministerio de Justicia también trabaja en el fortalecimiento de los controles dentro de las cárceles existentes y en la revisión de posibles irregularidades en la administración del sistema.
Por ahora, el Gobierno tiene sobre la mesa una ambiciosa apuesta: construir 10 nuevos centros penitenciarios, reforzar el control tecnológico de las cárceles y modificar la estrategia frente a las organizaciones criminales, en un intento por responder a la crisis de seguridad y al hacinamiento que durante años ha afectado al sistema carcelario colombiano.