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Juliana Guerrero enfrenta una nueva solicitud de investigación por presunta falsedad en documento público
⚖️📄🇨🇴 El caso de Juliana Guerrero sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el Ministerio Público solicitara a la justicia compulsar copias para que se investigue si la exfuncionaria incurrió en el delito de falsedad en documento público. La petición se conoció este miércoles 9 de septiembre, durante la audiencia en la que Guerrero aceptó su responsabilidad por fraude procesal tras reconocer que presentó información académica que no correspondía con la realidad para intentar acceder a un cargo en el Gobierno nacional. 🔎🏛️
La nueva solicitud significa que el proceso no quedaría limitado únicamente al delito de fraude procesal por el que Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
El representante del Ministerio Público consideró que el uso de documentos académicos que presuntamente no eran auténticos para acreditar requisitos ante plataformas oficiales del Estado podría configurar una conducta adicional que debe ser examinada por las autoridades judiciales.
Por esa razón, durante la diligencia se solicitó que se remitan copias a la autoridad competente para determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación independiente por falsedad en documento público.
Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal
La nueva situación judicial se conoció el mismo día en que Juliana Guerrero reconoció formalmente su responsabilidad en el delito de fraude procesal, dentro del acuerdo alcanzado con la Fiscalía.
Durante la audiencia, la joven admitió que actualizó su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, y presentó documentos ante el entonces Ministerio de la Igualdad con el propósito de cumplir los requisitos que le permitieran aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
Guerrero expresó públicamente su arrepentimiento y aseguró que no pretendía justificar sus actuaciones ni presentarse como víctima.
La aceptación de responsabilidad hace parte del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, en el que se estableció una pena propuesta de tres años de prisión, además de una multa económica y una inhabilidad para ejercer cargos públicos, según lo informado durante la audiencia.
El acuerdo también contempla una degradación de su grado de participación a la condición de cómplice, aspecto que deberá ser revisado y avalado dentro del proceso judicial.
¿Por qué ahora piden investigarla por falsedad?
El Ministerio Público considera que la conducta atribuida a Guerrero podría tener una dimensión adicional.
Según lo expuesto durante la audiencia, la exfuncionaria habría incorporado en plataformas oficiales documentos académicos que no correspondían con su verdadera trayectoria educativa.
La Procuraduría señaló que esta actuación no solamente habría provocado un error en el proceso de verificación de requisitos para un cargo público, sino que también podría haber afectado la fe pública y la transparencia de la administración estatal.
Por esa razón, el representante del Ministerio Público pidió que se adelanten las actuaciones necesarias para establecer si se configura el delito de falsedad en documento público.
La solicitud no significa que Guerrero ya haya sido condenada por este nuevo delito. Será la Fiscalía la encargada de determinar si abre una investigación independiente y, posteriormente, si existen elementos suficientes para avanzar dentro de un eventual proceso penal.
El escándalo comenzó con su aspiración a ser viceministra
El caso que involucra a Guerrero comenzó a tomar fuerza en 2025, cuando fue postulada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
Para acceder a esa posición era necesario acreditar una formación profesional, de acuerdo con los requisitos establecidos para el cargo.
Sin embargo, en la primera versión de su hoja de vida registrada en el SIGEP aparecía únicamente formación de nivel técnico.
Posteriormente, aproximadamente dos semanas después, fueron incorporados nuevos documentos académicos en los que figuraba como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, títulos que aparecían relacionados con la Fundación Universitaria San José.
La inclusión de estos documentos generó cuestionamientos y posteriormente dio paso a investigaciones para establecer la autenticidad de la información presentada.
Las investigaciones encontraron inconsistencias en sus estudios
Las pesquisas realizadas durante el proceso judicial encontraron varios elementos que pusieron en duda la validez de los títulos que aparecían en su hoja de vida.
De acuerdo con la información presentada durante la investigación, Guerrero no habría asistido a clases en la institución, ni habría cursado los módulos correspondientes a los programas académicos que figuraban en los documentos.
Tampoco habría presentado las pruebas de Estado Saber Pro, requisito relacionado con la obtención de títulos profesionales.
Los investigadores también encontraron inconsistencias en los pagos relacionados con matrículas y derechos de grado.
Según los elementos recopilados por la Fiscalía, algunos de estos pagos tendrían fechas posteriores a la expedición de los diplomas que habían sido presentados como prueba de sus estudios.
Tampoco aparecía respaldo en los registros educativos
Otro de los elementos que hizo parte de la investigación fueron las consultas realizadas ante el Ministerio de Educación.
Según la información divulgada durante el proceso, no se encontró en las bases del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, evidencia que respaldara la vinculación académica o el proceso de graduación de Guerrero en la institución de la que supuestamente provenían los títulos.
Estos hallazgos fueron determinantes para establecer que la información presentada ante las entidades estatales no coincidía con los registros disponibles.
Para la Fiscalía, el ingreso de esta documentación al sistema oficial habría inducido a error a los funcionarios encargados de verificar la hoja de vida y la idoneidad de las personas que podían ser consideradas para determinados cargos públicos.
La nueva solicitud no cierra el caso
Aunque Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal, la intervención del Ministerio Público abrió la posibilidad de que el caso tenga una nueva investigación.
La Procuraduría considera que la conducta relacionada con los documentos académicos merece un análisis separado para determinar si se configura la falsedad en documento público.
Esto significa que ahora la Fiscalía deberá evaluar la solicitud y decidir si existen fundamentos suficientes para abrir una nueva carpeta de investigación.
En caso de que se inicie ese proceso, las autoridades tendrán que establecer qué documentos fueron utilizados, quién intervino en su elaboración o presentación y qué responsabilidad podría tener Guerrero frente a la eventual falsedad.
Por ahora, la solicitud del Ministerio Público representa un pedido de investigación, no una nueva condena contra la exfuncionaria.
El caso también ha puesto la mirada sobre la Fundación San José
El proceso contra Guerrero se encuentra relacionado con una investigación más amplia alrededor de los títulos emitidos por la Fundación Universitaria San José.
El caso generó interrogantes sobre la manera en que se expidieron determinados certificados académicos y sobre las personas que pudieron intervenir en esos procedimientos.
Las autoridades han revisado no solamente la situación particular de Guerrero, sino también posibles irregularidades relacionadas con otros documentos y personas.
Por esta razón, el caso podría continuar generando nuevas actuaciones judiciales mientras los investigadores determinan el alcance de las presuntas irregularidades.
Un escándalo que llegó hasta el Gobierno nacional
La controversia alrededor de los títulos tuvo consecuencias políticas desde el momento en que se conoció que Guerrero había sido considerada para ocupar un cargo de alto nivel dentro del Ministerio de la Igualdad.
La joven había tenido participación en diferentes espacios de la administración pública y era reconocida por su cercanía con sectores del entonces Gobierno de Gustavo Petro.
La polémica aumentó cuando se conoció que la documentación académica incorporada a su hoja de vida era utilizada para acreditar los requisitos necesarios para aspirar al cargo de viceministra.
Finalmente, su postulación no prosperó y la discusión pasó del ámbito político al judicial.
Ahora deberá responder por un nuevo frente
Con la solicitud presentada por el Ministerio Público, el caso de Juliana Guerrero vuelve a tener un nuevo componente judicial.
La joven ya reconoció responsabilidad por fraude procesal en el marco del preacuerdo con la Fiscalía, pero ahora las autoridades deberán determinar si la documentación presentada también puede generar consecuencias penales por una eventual falsedad en documento público.
La diferencia es importante: mientras el fraude procesal se relaciona con haber utilizado información falsa para inducir a error a funcionarios y conseguir un determinado propósito, la nueva solicitud busca establecer si los documentos utilizados podrían constituir, además, una conducta de falsedad.
Por ello, será necesario que la Fiscalía analice nuevamente los documentos, su origen, las circunstancias en que fueron incorporados al sistema y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.
El caso todavía puede tener más consecuencias
La audiencia del 9 de septiembre marcó un momento importante en el proceso, debido a que Guerrero reconoció públicamente haber cometido fraude procesal y expresó su arrepentimiento.
Sin embargo, la solicitud del Ministerio Público demuestra que las autoridades consideran que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos.
La Fiscalía tendrá ahora que determinar si abre la investigación adicional solicitada y qué alcance tendría.
Mientras tanto, el caso continúa generando cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para verificar los títulos y requisitos académicos de quienes aspiran a ocupar cargos dentro del Estado.
Lo que comenzó como una polémica por una hoja de vida terminó convirtiéndose en un proceso penal y ahora podría abrir un nuevo capítulo judicial para Juliana Guerrero, quien deberá enfrentar las consecuencias de las decisiones que ella misma reconoció durante la audiencia.