🚨 La familia de Ana Lucía González, la niña cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Bogotá, enfrenta una nueva dificultad. La hermana mayor de la menor, de 24 años, fue desalojada del apartamento en Mosquera, Cundinamarca, donde vivía junto a José Rojas Lárez, señalado por las autoridades en el caso.
Daniel Solarte, abogado de la familia, explicó que la joven solo pudo permanecer una última noche en la vivienda después de que el propietario tomara la decisión de solicitarle que la abandonara. La situación habría dejado a la mujer sin un lugar estable para residir, en medio del proceso judicial por la muerte de su hermana.
Según el representante legal, la familia atraviesa una situación de gran vulnerabilidad económica y habitacional. La joven vivía en ese inmueble con Rojas Lárez, quien actualmente se encuentra privado de la libertad mientras avanza la investigación por la muerte de la menor.
El abogado manifestó que la situación de la hermana de Ana Lucía se volvió aún más compleja después de los hechos y aseguró que sus representados se encuentran desprotegidos. Ahora, sus allegados buscan alternativas para que la mujer pueda establecerse nuevamente en un lugar seguro.
La familia también busca trasladar el cuerpo a Venezuela
A las dificultades de vivienda se suma el proceso para recibir el cuerpo de Ana Lucía y trasladarlo a Venezuela, donde sus familiares esperan darle sepultura.
La entrega de los restos depende de los procedimientos de identificación y de las actuaciones de Medicina Legal. El abogado señaló que la situación económica de la familia representa un obstáculo adicional para cubrir los gastos de repatriación.
Ana Lucía, de aproximadamente ocho años, había sido reportada como desaparecida en Mosquera. Posteriormente, su cuerpo fue localizado en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
Por estos hechos, José Rojas Lárez fue capturado y permanece bajo medida de aseguramiento. La Fiscalía continúa recopilando elementos para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La defensa de la familia ha insistido en la necesidad de que se esclarezca completamente lo ocurrido, mientras los allegados de la niña enfrentan tanto el impacto de la tragedia como las dificultades para garantizar su estabilidad y realizar el traslado de sus restos a Venezuela.