Gobierno cuestionó ante el Congreso el manejo de recursos del agro durante el gobierno Petro

🚜 Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido, presentaron un balance sobre la situación que, según la actual administración, encontraron en el sector agropecuario tras el cambio de Gobierno. Entre los principales cuestionamientos estuvieron la contratación, el uso de recursos públicos y el cumplimiento de las metas de entrega y formalización de tierras.

Dangond aseguró que durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro se destinaron cerca de $42 billones al sector Agricultura en una década. De acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario, durante el gobierno de Petro se asignaron aproximadamente $22,6 billones, una cifra superior a la suma de los recursos destinados durante los dos periodos presidenciales anteriores mencionados.

El ministro cuestionó que, pese al aumento de los recursos, la participación del sector agropecuario en la economía se mantuviera alrededor del 3 %. También señaló que durante los cuatro años anteriores se importaron aproximadamente 16 millones de toneladas de alimentos y afirmó que el crecimiento del área cultivada fue limitado frente a los recursos destinados al sector.

Cuestionamientos a contratos y asesores

Uno de los puntos centrales de la intervención estuvo relacionado con la contratación. Dangond afirmó haber encontrado 25 asesores con honorarios cercanos a $12 millones mensuales en el Ministerio de Agricultura, contrataciones que calificó como innecesarias y cuestionó por su impacto sobre los recursos destinados a los productores rurales.

El ministro también mencionó un convenio por más de $190.000 millones que, según su exposición, logró evitarse. En otra declaración recogida sobre el debate, se hizo referencia a un convenio de hasta $292.000 millones, por lo que las cifras deberán ser contrastadas con los documentos oficiales de contratación.

Otro de los contratos cuestionados corresponde al arrendamiento y cuidado de la represa de Ranchería, cuyo valor fue presentado por Dangond alrededor de los $10.000 millones. El funcionario puso en duda la necesidad de mantener este gasto durante varios años.

Por su parte, el senador Juan Espinal aseguró que la ANT pasó de tener 692 contratistas en 2022 a 1.698 en 2026 y señaló que fueron identificados 18 asesores con remuneraciones superiores a $16 millones mensuales. Estos datos fueron expuestos por el congresista durante el debate y hacen parte de los cuestionamientos formulados a la gestión anterior.

Cuestionamientos a la entrega de tierras

La directora de la ANT, Lina Garrido, presentó también cifras relacionadas con la formalización y adjudicación de tierras. Según explicó, de una meta de 3,9 millones de hectáreas por formalizar, durante el periodo anterior se habría alcanzado el 41 %.

En cuanto a la entrega de predios, Garrido indicó que de una meta de 1,5 millones de hectáreas se entregaron 99.477, equivalentes al 6,6 % de lo previsto. Además, señaló que permanecen pendientes de registro más de 19.256 títulos correspondientes a aproximadamente 714.000 hectáreas.

Dangond sostuvo además que actualmente existen cerca de un millón de hectáreas disponibles para ser entregadas y afirmó que la prioridad de la nueva administración será acompañar la adjudicación de tierras con proyectos productivos, asistencia técnica, tecnología y financiación.

El Ministerio de Agricultura planteó como una de sus nuevas metas ampliar en 1,5 millones de hectáreas el área productiva durante los próximos cuatro años, además de modificar los mecanismos de acceso al crédito, impulsar la mecanización y el riego y fortalecer la capacitación de pequeños productores.

Los señalamientos deberán ser sustentados

Los cuestionamientos presentados ante el Senado corresponden a la evaluación realizada por los actuales funcionarios sobre la gestión recibida y no constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de responsabilidad contra los exfuncionarios o entidades mencionadas.

Los señalamientos sobre contratos, asesores, convenios y manejo de tierras deberán ser respaldados mediante los documentos y procesos de control correspondientes. Hasta ahora, las declaraciones divulgadas sobre el debate no incluyen las respuestas de todos los exfuncionarios mencionados.

El Gobierno anunció que continuará revisando la gestión del sector y que presentará nuevas iniciativas para aumentar la producción agropecuaria, mejorar el acceso de los pequeños productores al crédito y reorganizar la política de tierras.