🚨 Santa Marta atraviesa una compleja situación de seguridad luego del paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas anteriormente como ‘Los Pachenca’. Ante los hechos registrados en la ciudad y otros puntos del Caribe, el Gobierno nacional ordenó un amplio despliegue de la Fuerza Pública y el presidente Abelardo de la Espriella se trasladó a la zona para acompañar las operaciones de seguridad.
La situación de seguridad en Santa Marta no es reciente. De acuerdo con las cifras citadas por El Colombiano, durante el primer semestre de 2026 se registraron 62 casos de extorsión y 400 denuncias por amenazas en la ciudad, cifras que representan un incremento cercano al 50 % frente al mismo periodo del año anterior.
El Gaula, por su parte, reportó 254 capturas relacionadas con investigaciones por extorsión durante los primeros seis meses del año, en operaciones dirigidas contra estructuras como las ACSN y el Clan del Golfo.
Las actividades de esta estructura estarÃan relacionadas con extorsiones, narcotráfico y otras economÃas ilegales. Una investigación de la FIP calcula que la organización podrÃa obtener entre $6.000 y $7.000 millones mensuales mediante estas actividades, afectando principalmente a comerciantes, transportadores, trabajadores agrÃcolas y empresarios del sector turÃstico.
Un territorio en disputa
La influencia de las ACSN se extiende por sectores urbanos y rurales de Santa Marta, zonas de la Sierra Nevada y corredores que conducen hacia La Guajira. Sin embargo, el control territorial no es uniforme y existen zonas donde la organización mantiene disputas con otras estructuras criminales.
Entre ellas se encuentra el Clan del Golfo, con el que mantiene una confrontación que representa un riesgo para comunidades de varios municipios del Magdalena, La Guajira y Cesar. La DefensorÃa del Pueblo ya habÃa advertido sobre escenarios de disputa, expansión y coexistencia de diferentes grupos armados en esta región.
Con la llegada del nuevo Gobierno, la mesa de diálogo quedó suspendida y posteriormente fue cerrada, mientras las autoridades optaron por reforzar las operaciones militares y policiales contra la estructura.
La crisis actual representa uno de los primeros grandes desafÃos de seguridad para la administración de Abelardo de la Espriella. Mientras el Gobierno busca recuperar el control de las zonas afectadas, comerciantes, transportadores y habitantes de Santa Marta esperan que el despliegue de la Fuerza Pública permita restablecer la actividad cotidiana y reducir las amenazas que durante años han afectado a la región.