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Santa Marta enfrenta crisis de seguridad mientras el Gobierno refuerza la presencia militar

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🚨 Santa Marta atraviesa una compleja situación de seguridad luego del paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas anteriormente como ‘Los Pachenca’. Ante los hechos registrados en la ciudad y otros puntos del Caribe, el Gobierno nacional ordenó un amplio despliegue de la Fuerza Pública y el presidente Abelardo de la Espriella se trasladó a la zona para acompañar las operaciones de seguridad.

La situación comenzó después de un operativo de la Fuerza Pública en el que fueron abatidos siete integrantes de las ACSN, entre ellos José Luis Pérez, alias ‘Cholo’, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización. Posteriormente, el grupo anunció un paro armado de 48 horas que afectó a Santa Marta, la Troncal del Caribe y sectores de la Zona Bananera.

Durante la jornada se registraron cierres de establecimientos comerciales, suspensión de actividades y restricciones en el transporte. También se reportaron hechos violentos, entre ellos la incineración de un taxi y de una tractomula que transportaba un contenedor. En La Guajira, además, fue reportado un ataque contra la línea férrea del Cerrejón, que provocó el descarrilamiento de un tren que se encontraba vacío.

Ante este escenario, las autoridades reforzaron la presencia militar y policial en Santa Marta. El presidente De la Espriella recorrió algunos sectores de la ciudad acompañado de integrantes de la Fuerza Pública y, durante su visita, utilizó chaleco antibalas, radioteléfono y un arma de fuego.

El mandatario aseguró que la instrucción para las autoridades es recuperar el control territorial y utilizar las capacidades legales del Estado contra las estructuras criminales. También ha reiterado que su Gobierno busca implementar un plan de choque de 90 días para enfrentar los problemas de seguridad.

Las cifras detrás de la crisis

La situación de seguridad en Santa Marta no es reciente. De acuerdo con las cifras citadas por El Colombiano, durante el primer semestre de 2026 se registraron 62 casos de extorsión y 400 denuncias por amenazas en la ciudad, cifras que representan un incremento cercano al 50 % frente al mismo periodo del año anterior.

El Gaula, por su parte, reportó 254 capturas relacionadas con investigaciones por extorsión durante los primeros seis meses del año, en operaciones dirigidas contra estructuras como las ACSN y el Clan del Golfo.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) también ha advertido sobre el crecimiento de las ACSN. Según cifras de la Fuerza Pública citadas por el medio, la organización pasó de contar con aproximadamente 120 integrantes en 2019 a 594 en 2025: 334 pertenecientes al componente armado y 260 vinculados a redes de apoyo o milicias. La FIP estima que la cifra podría ser incluso mayor y ubicaría el número de integrantes entre 800 y 1.000.

Las actividades de esta estructura estarían relacionadas con extorsiones, narcotráfico y otras economías ilegales. Una investigación de la FIP calcula que la organización podría obtener entre $6.000 y $7.000 millones mensuales mediante estas actividades, afectando principalmente a comerciantes, transportadores, trabajadores agrícolas y empresarios del sector turístico.

Un territorio en disputa

La influencia de las ACSN se extiende por sectores urbanos y rurales de Santa Marta, zonas de la Sierra Nevada y corredores que conducen hacia La Guajira. Sin embargo, el control territorial no es uniforme y existen zonas donde la organización mantiene disputas con otras estructuras criminales.

Entre ellas se encuentra el Clan del Golfo, con el que mantiene una confrontación que representa un riesgo para comunidades de varios municipios del Magdalena, La Guajira y Cesar. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre escenarios de disputa, expansión y coexistencia de diferentes grupos armados en esta región.

La situación también tiene un impacto directo sobre la economía. Las denuncias de extorsión alcanzan a establecimientos comerciales y actividades turísticas en sectores como el Parque Tayrona, Buritaca y Palomino. Según la investigación de la FIP, incluso en la plaza de mercado de Santa Marta la estructura obtendría importantes recursos mediante estos cobros.

El crecimiento de las ACSN también estuvo relacionado con los acercamientos que esta organización sostuvo durante el Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la política de ‘paz total’. En 2022 el grupo manifestó su intención de participar en el proceso y posteriormente se establecieron mecanismos de acercamiento. Sin embargo, de acuerdo con la FIP, mientras avanzaban esos contactos también se habría fortalecido su presencia territorial.

Con la llegada del nuevo Gobierno, la mesa de diálogo quedó suspendida y posteriormente fue cerrada, mientras las autoridades optaron por reforzar las operaciones militares y policiales contra la estructura.

La crisis actual representa uno de los primeros grandes desafíos de seguridad para la administración de Abelardo de la Espriella. Mientras el Gobierno busca recuperar el control de las zonas afectadas, comerciantes, transportadores y habitantes de Santa Marta esperan que el despliegue de la Fuerza Pública permita restablecer la actividad cotidiana y reducir las amenazas que durante años han afectado a la región.

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