⚖️ Una denuncia penal contra Pedro José Castro Espinoza, señalado como el prestamista que habría entregado $4.000 millones en efectivo a Sneyder Pinilla dentro del entramado investigado por el caso de la UNGRD, permanece en etapa de indagación en la Fiscalía, pese a que fue presentada hace varios meses por la defensa de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.
La denuncia fue radicada el 19 de mayo de 2026 por el abogado Juan Mauricio Camacho Fernández, representante de Ortiz, quien acusa a Castro de los delitos de falso testimonio y fraude procesal. La defensa sostiene que el empresario habría entregado información falsa bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia para explicar el origen del dinero que, según la investigación, terminó relacionado con los pagos investigados a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
El origen de la controversia está en la declaración que Castro entregó ante la Corte Suprema el 21 de enero de 2025. En esa diligencia aseguró que le había prestado $4.000 millones en efectivo a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien supuestamente necesitaba el dinero para una operación financiera de corto plazo.
Según la versión entregada por Castro, el dinero fue entregado en diferentes momentos en Bogotá. El empresario afirmó que $2.800 millones provenían de un préstamo que le habría hecho su conocido Hernando Ramírez, agricultor y ganadero de Roldanillo, mientras que los otros $1.200 millones correspondían a recursos propios que mantenía en efectivo.
Castro explicó ante los magistrados que conservaba el dinero fuera del sistema financiero porque, según su declaración, tenía cuentas embargadas por obligaciones tributarias. También manifestó que parte de esos recursos estaba destinada a inversiones relacionadas con el Hotel Augusta, ubicado en Bogotá.
Sin embargo, la defensa de Sandra Ortiz presentó documentos oficiales con los que busca controvertir esa explicación. De acuerdo con la información conocida por El Colombiano, certificaciones de la DIAN y de la Secretaría de Hacienda de Bogotá señalarían que Castro no tenía medidas cautelares de embargo sobre sus productos financieros durante 2023.
La defensa también obtuvo información de diferentes entidades financieras y centrales de riesgo que, según sostiene, demostraría que Castro tenía cuentas y productos bancarios activos durante octubre de 2023. Con estos elementos, el abogado argumenta que el testigo habría faltado a la verdad al explicar por qué manejaba los $4.000 millones en efectivo.
La investigación de la Fiscalía no ha avanzado a una imputación
La denuncia no surgió únicamente por iniciativa de la defensa de Ortiz. En agosto de 2024, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema había compulsado copias a la Fiscalía para investigar a Castro por una posible conducta relacionada con el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Posteriormente, la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte Suprema solicitó que se abriera un expediente independiente y el caso terminó acumulado por conexidad en una investigación de la Fiscalía 26 Especializada de la Dirección de Lavado de Activos.
El proceso tuvo un periodo sin fiscal titular después de que la funcionaria que estaba al frente del despacho fuera trasladada en septiembre de 2025. La dependencia volvió a tener titular en enero de 2026.
Ante una solicitud presentada por el abogado de Sandra Ortiz en marzo de este año, la Fiscalía confirmó que el expediente se encontraba formalmente en etapa de indagación y que existía una orden de policía judicial en ejecución.
Esto significa que, hasta ahora, no existe una decisión de la Fiscalía que determine que Castro cometió falso testimonio o fraude procesal. Las acusaciones corresponden a la denuncia presentada por la defensa de Ortiz y deberán ser verificadas dentro de la investigación.
El testimonio de Castro es relevante en el caso UNGRD
La declaración de Pedro Castro ha tenido importancia dentro de las investigaciones relacionadas con los recursos que, según la hipótesis de las autoridades, habrían sido utilizados para entregar $3.000 millones a Iván Name y otros $1.000 millones a Andrés Calle.
De acuerdo con la investigación citada por El Colombiano, la versión de Sneyder Pinilla ubica a Castro como la persona que le habría facilitado los $4.000 millones. A partir de esa suma se habría establecido la ruta del dinero que posteriormente fue relacionada con los dos expresidentes del Congreso.
Sandra Ortiz, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en la entrega de los $3.000 millones destinados a Name, ha negado las acusaciones. Su defensa sostiene que el testimonio de Castro presenta inconsistencias y busca que estos elementos sean evaluados dentro del juicio.
Por ahora, el expediente contra Pedro Castro continúa en etapa de indagación. La Fiscalía deberá determinar si los documentos y demás elementos aportados permiten establecer que existió falso testimonio o fraude procesal, mientras que las declaraciones del empresario continúan formando parte del material que las autoridades analizan dentro del caso de corrupción de la UNGRD.