🚨 La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia pidió una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en el sur de Bogotá. El organismo recordó que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre, cuando uniformados de la Policía de Soacha acudieron al sector para atender una riña. De acuerdo con videos y testimonios conocidos sobre el caso, Balanta habría sido golpeado y sometido a varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo taser durante el procedimiento.
Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá, donde manifestó sentir dolores en el pecho. Posteriormente, fue llevado al hospital Luis Carlos Galán de Soacha, donde falleció alrededor de las 7:30 de la noche.
A raíz de lo sucedido, siete uniformados que participaron en el procedimiento fueron apartados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte y establecer posibles responsabilidades.
A través de un pronunciamiento, la ONU manifestó su preocupación por el fallecimiento de Balanta bajo custodia policial y recordó los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Asimismo, solicitó que el caso sea investigado por la justicia ordinaria y que se esclarezcan los hechos.
El organismo hizo énfasis en que la responsabilidad por la seguridad de una persona detenida recae en el Estado, que debe garantizar su vida e integridad personal. Por ello, pidió que las autoridades determinen si durante el procedimiento se respetaron las normas y protocolos correspondientes.
El caso también motivó una manifestación de familiares, allegados y miembros de la comunidad afrodescendiente frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. Los asistentes reclamaron avances en la investigación y que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido.
Durante la jornada, la exsenadora María José Pizarro acompañó a los manifestantes y señaló que, según lo expresado por la comunidad, existía preocupación por la falta de acompañamiento investigativo en el sector de Caracolí y por la posible pérdida de pruebas. Estas afirmaciones hacen parte de los reclamos de los familiares y deberán ser verificadas por las autoridades.
Mientras continúan las investigaciones, la muerte de Donovan Balanta mantiene la atención sobre los procedimientos policiales y las garantías que deben proteger a las personas bajo custodia. La Fiscalía y las instancias correspondientes deberán esclarecer cómo se desarrolló la intervención y determinar si hubo actuaciones irregulares.