Gobierno propone cambios al protocolo para la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas

🚨 El Gobierno nacional publicó un proyecto de decreto que plantea modificaciones al Estatuto de la Protesta de 2021 y establece nuevas reglas para determinar cómo deben actuar las autoridades cuando durante una manifestación se presenten hechos de violencia. El documento todavía se encuentra en etapa de consulta pública y no constituye una norma vigente.

La propuesta, elaborada por el Ministerio del Interior, modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021. El objetivo, según la cartera, es actualizar las reglas de actuación estatal, fortalecer la prevención y el diálogo y precisar las condiciones para intervenir cuando se presenten afectaciones al orden público o a terceros.

Uno de los principales cambios está relacionado con los casos en los que una manifestación comienza con hechos violentos. El borrador plantea que, si desde el inicio se identifican situaciones como uso de armas de fuego o explosivos, retención de personas, agresiones contra terceros, periodistas o misiones médicas, o destrucción de infraestructura, el despliegue de gestores de convivencia y equipos de diálogo permitirá considerar cumplida la obligación de privilegiar inicialmente el diálogo.

Esto no significa que el diálogo desaparezca. El proyecto establece que la mediación debe continuar durante la jornada y de manera simultánea a las actuaciones dirigidas individualmente contra quienes estén cometiendo actos violentos. Las personas que participen pacíficamente conservarían las garantías establecidas para el ejercicio de la protesta.

El documento también plantea un esquema de cinco niveles de actuación, que comienza con la facilitación y el diálogo y puede avanzar hasta acciones de restablecimiento del orden por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO. La propuesta establece que estos niveles deben aplicarse de manera progresiva cuando sea posible.

Sin embargo, el borrador contempla excepciones cuando las circunstancias hagan imposible agotar los primeros niveles. En esos casos, el Puesto de Mando Unificado deberá dejar una constancia motivada que explique las razones por las cuales se omitió alguno de los pasos.

Otro de los cambios propuestos consiste en establecer ocho situaciones específicas que deberán ser verificadas y registradas por las autoridades para determinar si el diálogo puede considerarse agotado. Entre ellas aparecen la obstrucción del paso de ambulancias, afectaciones a servicios hospitalarios, porte de armas y destrucción de infraestructura.

El proyecto aclara que situaciones como el ruido propio de una manifestación o los bloqueos, por sí solos, no hacen que una protesta pierda automáticamente su carácter pacífico. Además, el agotamiento del diálogo no implicaría una autorización para utilizar la fuerza de manera generalizada contra todos los participantes.

La propuesta también obliga a las autoridades a habilitar denominados “corredores solidarios”, destinados a garantizar el paso de ambulancias, bomberos y personas que puedan encontrarse en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores, mujeres gestantes y niños.

Después de una jornada en la que se presenten afectaciones, las autoridades tendrían además un plazo de 72 horas para publicar un balance sobre heridos, daños y denuncias relacionadas con la manifestación.

El borrador mantiene la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados en el marco de estas actuaciones y conserva la disposición sobre la no intervención de las Fuerzas Militares en el control de las protestas.

El Ministerio del Interior indicó que el proyecto estará disponible para recibir observaciones hasta el 4 de octubre de 2026. Por ahora, se trata de una propuesta en discusión y sus disposiciones podrían modificarse antes de que eventualmente sea expedida como decreto.