Piden a la Corte Constitucional revisar si el caso de Iván Name afecta la reforma pensional

⚖️ La reforma pensional enfrenta un nuevo escenario jurídico luego de que Simón Molina Gómez, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, presentara ante la Corte Constitucional un memorial para que se determine si las actuaciones de Iván Name cuando era presidente del Senado pudieron afectar el trámite de la Ley 2381 de 2024.

La solicitud fue presentada el 29 de septiembre, después de que el Consejo de Estado decretara en primera instancia la pérdida de investidura de Name por la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado. La decisión del alto tribunal administrativo está relacionada, entre otros aspectos, con su actuación durante el trámite de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Molina pidió a la Corte estudiar si los hechos establecidos en esa sentencia tienen relevancia constitucional dentro de los procesos que todavía estén habilitados para analizar la reforma pensional. El congresista aclaró que su memorial no constituye una nueva demanda de inconstitucionalidad ni busca modificar la sentencia que la Corte Constitucional emitió en agosto de 2026.

Uno de los elementos que motivó la solicitud está relacionado con 16 sesiones plenarias del Senado en las que se discutió y aprobó la reforma pensional. Según la sentencia del Consejo de Estado, Name no dirigió integralmente 14 de esas sesiones o cedió la conducción de la plenaria a otros integrantes de la Mesa Directiva.

La providencia del Consejo de Estado relacionó esta actuación con pruebas y testimonios que hicieron parte del proceso por la pérdida de investidura. Entre los elementos analizados estuvieron declaraciones de Olmedo López y Sandra Ortiz, además de registros de las sesiones y otras pruebas trasladadas de investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia.

Según lo establecido por el Consejo de Estado en primera instancia, la actuación de Name constituyó tráfico de influencias debidamente comprobado. La decisión puede ser apelada, por lo que todavía no se trata de una determinación definitiva sobre la pérdida de investidura.

El nuevo debate jurídico busca establecer algo diferente: si esos hechos, posteriormente establecidos por una autoridad judicial, tuvieron alguna incidencia concreta en la formación de la voluntad del Senado al momento de tramitar la reforma pensional.

En particular, el memorial plantea que la Corte podría revisar aspectos relacionados con la deliberación parlamentaria, la publicidad, la participación de las minorías, el quórum y las votaciones, siempre que exista un proceso de constitucionalidad en trámite en el que este asunto pueda ser analizado.

La discusión llega mientras la reforma pensional continúa pendiente de completar algunos trámites. En su sentencia C-264 de 2026, la Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, pero ordenó devolver nueve artículos o apartes a la Cámara de Representantes para que se subsanaran los vicios de procedimiento identificados.

La Cámara cuenta con un plazo de 30 días hábiles para realizar las correcciones ordenadas y posteriormente deberá enviar a la Corte la documentación correspondiente para que el alto tribunal determine si el trámite fue subsanado. Las disposiciones declaradas constitucionales tienen como fecha prevista de entrada en vigencia el 1 de abril de 2027.

Por ahora, la presentación del memorial no significa que la reforma pensional haya sido anulada ni que la Corte haya decidido abrir un nuevo examen sobre su trámite. El siguiente paso será determinar si los hechos establecidos en la sentencia sobre Iván Name tienen relevancia dentro de alguno de los procesos constitucionales que continúan pendientes.