🚨 La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, pidió a los organismos de control investigar un contrato de arrendamiento por más de $400 millones destinado a un inmueble en Sevilla, Valle del Cauca, que finalmente nunca fue utilizado para el traslado del centro zonal de la entidad.
El hallazgo fue conocido por Restrepo durante una visita al departamento, realizada en el marco del seguimiento a los centros zonales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Allí recibió documentación relacionada con el contrato suscrito para trasladar las operaciones del centro zonal de Sevilla a un nuevo predio.
Según la información entregada a la directora, los pagos por el arrendamiento habían superado los $400 millones hasta el 31 de julio de 2026, pese a que el traslado nunca se concretó y el inmueble no llegó a ser utilizado para la prestación de los servicios del ICBF.
El contrato inicial fue suscrito el 24 de diciembre de 2025. Sin embargo, durante los meses siguientes no se realizaron las adecuaciones necesarias para habilitar el inmueble, por lo que los funcionarios y contratistas continuaron trabajando en la sede que ya ocupaban.
La situación generó cuestionamientos debido a que, pese a que el predio no había entrado en funcionamiento, el contrato continuó vigente. Además, antes del 7 de agosto se realizó una adición y una prórroga que extendió su ejecución hasta el 31 de octubre de 2026.
Ante este panorama, Carolina Restrepo anunció que la documentación y las evidencias relacionadas con el contrato serán entregadas a los organismos de control para que se adelante la investigación correspondiente y se establezcan las posibles responsabilidades.
“Los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”, señaló la directora del ICBF.
Información adicional sobre el contrato señala que el propósito inicial era contar con un nuevo espacio para trasladar las actividades administrativas y misionales del centro zonal. Sin embargo, al no completarse las adecuaciones requeridas, el inmueble permaneció sin ser utilizado mientras los trabajadores continuaban en la sede anterior.
El caso se suma a las revisiones que la actual administración del ICBF viene realizando sobre la contratación y el manejo de los recursos de la entidad. La directora aseguró que mantendrá la vigilancia sobre los recursos destinados a la niñez y que cualquier posible irregularidad encontrada será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
Por ahora, no existe una decisión de los organismos de control que determine que en este contrato hubo corrupción o establezca responsabilidades individuales. La investigación solicitada deberá establecer las razones por las que el inmueble no fue utilizado, las condiciones bajo las cuales se mantuvo el contrato y la justificación de su posterior adición y prórroga.