Remueven a interventora de Capresoca EPS tras comprobar que no tenía el título profesional presentado

🏥 La Superintendencia Nacional de Salud ordenó retirar del cargo a Olga Lucía Vásquez Barrios, quien se desempeñaba como agente interventora de Capresoca EPS, luego de que la Pontificia Universidad Javeriana certificara que no figuraba en sus registros académicos y que no había obtenido el título profesional de enfermería que presentó para asumir sus funciones.

La decisión se conoció el 8 de octubre de 2026, después de que el organismo de vigilancia verificara la documentación académica aportada por la funcionaria durante su proceso de posesión. De acuerdo con la certificación expedida por la universidad, Vásquez Barrios no estuvo inscrita en esa institución ni obtuvo allí el título que se le atribuía.

Ante esta situación, la Superintendencia trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las posibles irregularidades y determine si se configuraron conductas relacionadas con falsedad documental, uso de documentos falsos u otros delitos que puedan establecerse durante el proceso.

La denuncia busca esclarecer si los documentos cuestionados fueron utilizados para acreditar requisitos profesionales y facilitar el acceso a cargos públicos u otros beneficios. Por ahora, corresponde a las autoridades judiciales establecer las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades.

Vásquez Barrios había asumido como interventora de Capresoca el 6 de julio de 2026, tras su designación por parte del entonces superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle. Su salida también estuvo relacionada con incumplimientos identificados por la entidad durante el desarrollo del proceso de intervención de la EPS.

Como reemplazo fue designado Giovanni Antonio Guzmán Vargas, médico cirujano con formación complementaria en habilidades gerenciales y más de 30 años de experiencia en el sector salud, especialmente en cargos de dirección médica y gerencia de entidades aseguradoras y prestadoras de servicios.

El nuevo interventor tendrá la responsabilidad de fortalecer la gestión administrativa, financiera y operativa de Capresoca, además de trabajar para garantizar la continuidad y calidad de los servicios que reciben sus afiliados.

El relevo ocurre pocos días después de que el Gobierno nacional autorizara una nueva prórroga de la intervención forzosa administrativa de la EPS, que se extenderá hasta el 7 de octubre de 2027. La medida busca avanzar en la recuperación de la estabilidad institucional y mejorar la prestación de los servicios de salud.

Capresoca es una entidad de especial importancia para Casanare, donde concentra gran parte de sus operaciones y atiende a más de 160.000 afiliados. Su situación administrativa y financiera representa un reto para las autoridades, especialmente por la necesidad de mantener la atención médica y responder a las dificultades que motivaron la intervención.

Con el cambio de interventor y el traslado del caso a la Fiscalía, la Superintendencia busca establecer responsabilidades frente a las presuntas irregularidades detectadas, mientras continúa el proceso de vigilancia sobre la EPS. La eventual responsabilidad penal de la exfuncionaria deberá determinarse en el marco de la investigación correspondiente.