Colombia registra un ataque con drones contra la Fuerza Pública cada 20 horas, advierte informe

🚨 El uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en una creciente amenaza para la seguridad en Colombia. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) reveló que, entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, se contabilizaron 318 ataques de este tipo contra la Fuerza Pública, lo que equivale a un caso aproximadamente cada 20 horas.

El análisis señala que estas organizaciones están aprovechando dispositivos comerciales de bajo costo para fortalecer sus operaciones, vigilar los movimientos de las autoridades y atacar posiciones militares y policiales sin exponer directamente a sus integrantes. La tecnología también estaría siendo utilizada para ejercer control territorial y observar comunidades y zonas de interés económico.

De acuerdo con el documento, desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026 se registraron 716 acciones con drones en el país. Durante ese periodo, los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander concentraron el 71 % de los hechos documentados. Agosto de este año fue el mes con mayor número de ataques, con 56 casos.

La FIP atribuye cerca del 95 % de los ataques a dos estructuras armadas: el Estado Mayor Central (EMC), asociado a las disidencias de las Farc y al que se le adjudica el 72 % de los hechos, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalado por el 23 %. El informe también destaca el incremento de las capacidades de estas organizaciones para incorporar nuevas tecnologías a sus acciones violentas.

La evolución de esta modalidad resulta evidente al comparar las cifras de los últimos años. En 2024 se reportaron 119 ataques con drones, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 277. Durante 2026, además de los ataques contra unidades de la Fuerza Pública, se han registrado acciones contra instalaciones estratégicas, lo que amplía el alcance de esta amenaza.

Entre los episodios mencionados se encuentra el ataque del 16 de septiembre contra el radar aeronáutico 3D ubicado en Candelaria, Valle del Cauca, atribuido a una estructura vinculada al EMC. Asimismo, el 5 de octubre fue utilizado un dron para atacar una estación de Policía en Aguachica, Cesar. Estos hechos evidencian que el riesgo ya no se limita exclusivamente a posiciones rurales, sino que también alcanza infraestructura y zonas cercanas a centros poblados.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la aparición de drones guiados mediante fibra óptica. A diferencia de los equipos que dependen de señales de radiofrecuencia, estos dispositivos pueden dificultar la respuesta de los sistemas convencionales de interferencia electrónica. La facilidad de acceso a componentes comerciales y la posibilidad de adaptar los aparatos para transportar explosivos representan desafíos adicionales para las autoridades.

Las consecuencias humanas también son significativas. Según las cifras recopiladas por la fundación, desde 2024 estos ataques han afectado a 487 personas, entre ellas integrantes de la Fuerza Pública y civiles. El balance incluye 401 miembros de las instituciones de seguridad heridos y 25 fallecidos, además de 55 civiles lesionados y seis muertos. A esto se suman los riesgos de desplazamiento, confinamiento y restricciones a la movilidad para las comunidades que habitan en las zonas afectadas.

Frente a este panorama, la FIP considera que las respuestas estatales deben ir más allá de la adquisición de equipos antidrones. Entre las medidas propuestas están fortalecer la protección de las unidades que operan en zonas apartadas, mejorar la capacidad para detectar y neutralizar estos dispositivos y concentrar esfuerzos contra las redes de abastecimiento, los proveedores y las personas que capacitan a los operadores.

El informe también plantea la necesidad de establecer protocolos de autoprotección para las comunidades expuestas a estos ataques. La expansión de esta tecnología representa un reto para las autoridades colombianas, que deben adaptarse a una modalidad de violencia capaz de causar daños importantes con recursos relativamente económicos y que continúa transformando las dinámicas del conflicto armado.