Personería de Medellín alerta por violencia sexual y problemas de salud mental en menores indígenas

🚨 La Personería Distrital de Medellín lanzó una alerta institucional por las vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas que habitan la ciudad. Entre las situaciones más preocupantes se encuentran la violencia sexual, la explotación, la mendicidad forzada y el aumento de los intentos de suicidio.

Uno de los datos más alarmantes del informe señala que el 65 % de las activaciones del Código Fucsia corresponde a menores de edad, principalmente integrantes de la comunidad Embera Katío. Este protocolo permite activar la atención de emergencia y la ruta integral de asistencia para personas que han sufrido violencia sexual o de género.

La entidad también advirtió sobre las afectaciones a la salud mental de esta población, entre ellas crisis emocionales y conductas suicidas que requieren atención oportuna. En estos casos, el Código Dorado permite activar la respuesta inmediata ante emergencias relacionadas con la salud mental, intentos de suicidio y otras situaciones críticas.

El personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, hizo un llamado a las entidades responsables de la protección de la infancia para que coordinen acciones que garanticen una atención continua y adecuada. La alerta fue dirigida a distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación de Antioquia y a la Dirección Seccional de Fiscalías, entre otras instituciones.

Según la Personería, las dificultades no se limitan a la ocurrencia de los casos, sino que también incluyen barreras para acceder a los servicios de atención. Las diferencias lingüísticas, el temor a acudir ante las autoridades y ciertas dinámicas culturales pueden dificultar la denuncia, lo que ocasionaría que algunas situaciones no queden registradas en las cifras oficiales.

A estos obstáculos se suman las dificultades para garantizar atención psicológica especializada, acompañamiento después de las crisis y continuidad en los procesos. La falta de mediadores interculturales y los cambios frecuentes de profesionales también pueden afectar el seguimiento de los casos y la protección de los menores.

El organismo de control advirtió, además, sobre otras formas de vulneración de derechos, como la explotación sexual comercial, la violencia intrafamiliar y basada en género, el trabajo infantil, la permanencia prolongada en las calles y la mendicidad forzada. Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad de los niños y adolescentes y hacen necesaria una intervención coordinada entre las instituciones.

De acuerdo con datos de la Administración Distrital citados en el informe, en Medellín viven aproximadamente 5.500 personas pertenecientes a diferentes pueblos indígenas, entre ellos Embera, Nutabe, Inga, Wayúu, Zenú y Chibcariwak. La Personería recordó que la atención a estas comunidades debe reconocer sus particularidades culturales y lingüísticas, sin que estas se conviertan en un impedimento para garantizar sus derechos.

Entre las recomendaciones formuladas se encuentran fortalecer las rutas de salud mental con enfoque intercultural, mejorar los servicios de interpretación y mediación, acompañar a las instituciones educativas y asegurar que cada caso tenga seguimiento. También se pidió promover la participación de las familias y de las autoridades indígenas en las medidas de prevención y protección.

La Personería insistió en que la respuesta institucional debe ir más allá de atender las emergencias y avanzar hacia una protección integral y permanente. El objetivo es prevenir nuevas vulneraciones y garantizar que los niños, niñas y adolescentes indígenas reciban atención oportuna, respetuosa de su identidad cultural y centrada en la defensa de sus derechos.