Abelardo de la Espriella anuncia que continuarán los traslados de presos tras atentado contra guardianes del Inpec

🚨 El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque armado contra dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla y aseguró que las medidas de traslado de personas privadas de la libertad seguirán adelante, pese a las amenazas contra el personal penitenciario.

El atentado ocurrió la noche del sábado 10 de octubre, cuando los dragoneantes Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín salían de cumplir su turno en la penitenciaría El Bosque. Según la información preliminar, ambos se movilizaban en una motocicleta por el barrio San Martín cuando fueron interceptados por dos hombres que viajaban en otro vehículo similar. Uno de los atacantes habría disparado en repetidas ocasiones antes de escapar.

Los dos funcionarios resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. El hecho generó preocupación entre los trabajadores del sistema penitenciario, especialmente por las amenazas que han circulado en medio de las recientes decisiones relacionadas con el traslado de internos considerados de interés para la seguridad carcelaria.

A través de su cuenta en la red social X, De la Espriella manifestó que los ataques y las intimidaciones contra los guardianes del Inpec no quedarán impunes. También anunció que se reforzarán las medidas de protección para los funcionarios y que las autoridades trabajarán para identificar y judicializar a los responsables.

El mandatario fue enfático en que las acciones adoptadas por su administración no se modificarán por presiones de organizaciones criminales. En su pronunciamiento, reiteró que los traslados continuarán y sostuvo que el Estado mantendrá las medidas de control dentro de los establecimientos penitenciarios.

La agresión se produce después de que el Gobierno ordenara el traslado de cabecillas y otras personas privadas de la libertad desde centros de reclusión de Barranquilla hacia cárceles de Bogotá y otras regiones del país. La administración sostiene que estas decisiones buscan impedir que estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de detención.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y el Inpec rechazaron el atentado y alertaron sobre mensajes intimidatorios que, según la información recibida, estarían dirigidos contra el presidente, el ministro de Justicia, el director del Inpec y los integrantes del cuerpo de custodia. Las entidades señalaron que tanto la procedencia de esas amenazas como su posible relación con el ataque están siendo verificadas.

Ante la situación, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de las medidas preventivas y de autoprotección, en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones. Asimismo, se adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado, establecer quiénes participaron y determinar si existe una relación directa con los recientes traslados penitenciarios.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el personal encargado de la custodia de las personas privadas de la libertad. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno insiste en que las amenazas no condicionarán sus decisiones en materia de seguridad y control carcelario.