Eva Ferrer señala a Verónica Alcocer por presuntos vínculos con tráfico de drogas y lavado de activos

🚨 Eva Ferrer, exasesora de la Presidencia durante el Gobierno de Gustavo Petro, lanzó graves acusaciones contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, al señalarla de presuntamente liderar una estructura con intereses económicos y políticos que habría estado relacionada con actividades ilícitas durante la campaña presidencial de 2022 y el periodo de gobierno. Sus declaraciones fueron entregadas en una entrevista con la revista Semana y recogidas por medios nacionales.

Entre los señalamientos, Ferrer mencionó supuestos vuelos hacia Venezuela en los que, según su versión, se habrían transportado dinero en efectivo y sustancias ilícitas utilizando aeronaves oficiales. La exfuncionaria afirmó que Carolina Plata, cercana a Alcocer, habría participado en la coordinación de esos desplazamientos. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su relato y no constituyen por sí mismas pruebas de que los hechos hayan ocurrido.

Ferrer también aseguró que en enero de 2023 habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela. De acuerdo con su versión, parte de esos recursos estaría destinada a financiar actividades políticas relacionadas con Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Asimismo, afirmó que durante ese periodo se habrían presentado movimientos de dinero en efectivo dentro de espacios vinculados con la Casa de Nariño y personas cercanas al círculo político de Alcocer.

Otro de los asuntos expuestos por la exasesora tiene que ver con un presunto esquema de lavado de activos mediante la adquisición de propiedades en el extranjero y el uso de intermediarios para administrar recursos. En sus declaraciones, mencionó posibles operaciones en España e Italia, así como la participación de empresarios y personas cercanas a la exprimera dama que, según ella, habrían contribuido a financiar gastos personales y alojamientos de alto costo.

Las acusaciones también incluyen presuntos vínculos con el tráfico internacional de armas. Ferrer señaló a los empresarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino y aseguró que recibió advertencias sobre posibles actividades ilegales relacionadas con su entorno. Además, relacionó a Romagnoli con gestiones vinculadas a la adquisición de aeronaves militares Gripen. Estas afirmaciones requieren verificación por parte de las autoridades competentes.

En materia política, la exfuncionaria habló de una supuesta financiación paralela de la campaña presidencial de Petro en 2022. En su entrevista mencionó presuntos aportes en efectivo, intermediarios que habrían facilitado encuentros con posibles financiadores y recursos que, según su versión, no habrían sido reportados oficialmente. También sostuvo que se habrían solicitado pagos a cambio de nombramientos en entidades estatales, entre ellas ProColombia, Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones públicas.

Ferrer mencionó a distintas figuras políticas, empresarios y antiguos funcionarios, entre ellos Ricardo Roa, Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf, Laura Sarabia y Xavier Vendrell. A cada uno le atribuyó posibles vínculos o funciones dentro de la estructura que describe. No obstante, la inclusión de sus nombres en las declaraciones no demuestra participación en delitos, y cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante investigaciones y decisiones judiciales.

La exasesora también afirmó que Alcocer habría ejercido presión sobre funcionarios del Gobierno y relató un supuesto episodio de agresión contra Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia. Según Ferrer, el entonces presidente Gustavo Petro habría conocido parte de las tensiones entre ambas. Estas afirmaciones también forman parte de su testimonio y requieren corroboración independiente.

Los señalamientos se conocen después de que la Fiscalía General de la Nación abriera, en agosto de 2026, una indagación preliminar relacionada con audios anteriores de Ferrer sobre presuntas irregularidades en el manejo de dinero y el direccionamiento de contratos. Esa actuación busca determinar si existen elementos que permitan establecer la posible comisión de delitos; no equivale a una declaración de culpabilidad.

Las nuevas declaraciones han generado atención pública por la gravedad de las conductas mencionadas y por la cantidad de personas vinculadas en el relato. El esclarecimiento de los hechos dependerá de las pruebas que puedan recaudar las autoridades, la verificación de los movimientos financieros y los registros de los viajes señalados, así como de las actuaciones judiciales que correspondan.