Bombardeo en el Catatumbo pone bajo la mira a tres cabecillas del Frente 33 de las disidencias

🚨 Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron un bombardeo contra un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander, durante la madrugada del domingo 11 de octubre. La operación, ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, hace parte de la ofensiva del Gobierno contra las estructuras armadas ilegales que operan en esta zona fronteriza.

De acuerdo con los reportes preliminares, las tropas recuperaron cuatro cuerpos sin vida e incautaron material de guerra y elementos de intendencia. Sin embargo, al momento de conocerse la información, las autoridades todavía no habían confirmado oficialmente la identidad de todas las personas fallecidas ni establecido el balance definitivo del operativo.

La acción militar se concentró en una posición donde, según información de inteligencia, se encontrarían cerca de 20 integrantes de la organización. El Frente 33 hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes, estructura vinculada a las disidencias bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.

Tras el bombardeo, tres dirigentes de esta organización quedaron en el centro de la atención de las autoridades: Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas; Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño; y Farby Édison Parra Parra, conocido como alias Richard. Cada uno tendría responsabilidades diferentes dentro de la estructura armada, de acuerdo con los informes citados por los medios de comunicación.

Jhon Mechas es señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de las operaciones militares del Frente 33 en Norte de Santander. Según las investigaciones, habría participado en la conformación de las disidencias en el Catatumbo después de rechazar el Acuerdo de Paz de 2016. También se le atribuye responsabilidad en el ataque contra el helicóptero en el que viajaba el entonces presidente Iván Duque en junio de 2021 y en el atentado con carro bomba contra la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta. La Fiscalía le ha imputado más de 150 delitos, entre ellos homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito.

Por su parte, Andrey Avendaño es identificado como una de las principales figuras políticas y voceros de la organización. Nacido en el Catatumbo en 1996, ingresó a las antiguas Farc cuando era menor de edad y posteriormente recibió los beneficios derivados del proceso de paz. Sin embargo, según los reportes oficiales, habría retomado las armas meses después de recuperar la libertad y terminó vinculado nuevamente a la estructura ilegal. Durante el Gobierno anterior participó como negociador en los diálogos de paz en representación del sector de alias Calarcá.

Tras el reciente bombardeo, surgieron versiones que señalaban a Avendaño como uno de los posibles fallecidos. No obstante, los reportes conocidos inicialmente no permitían confirmar esa información, por lo que su situación debía ser verificada por las autoridades. La identificación de los cuerpos recuperados resulta fundamental para establecer el alcance real de la operación.

El tercer dirigente señalado es Richard, a quien los organismos de seguridad atribuyen funciones relacionadas con las finanzas, el control territorial y la movilidad por corredores fronterizos. Según los informes de inteligencia citados, tendría un papel en la disputa contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de los cultivos de coca, los laboratorios para procesar cocaína y las actividades de extorsión a sectores económicos de la región. También se le relaciona con desplazamientos forzados y ataques con drones cargados de explosivos.

Las autoridades sostienen que el Frente 33 obtiene recursos mediante el narcotráfico y la extorsión, además de mantener enfrentamientos con el ELN por el dominio de territorios estratégicos. La confrontación entre ambas organizaciones ha provocado graves consecuencias humanitarias en el Catatumbo, entre ellas desplazamientos masivos, confinamiento de comunidades y homicidios.

En marzo de 2026, la Fiscalía vinculó a los tres cabecillas a un macroproceso que documentó más de 155 hechos criminales en municipios como Tibú, Ocaña, El Tarra y San Calixto. Según la información publicada, ninguno aceptó los cargos que les fueron imputados. Estas actuaciones forman parte de los procesos judiciales que buscan establecer sus posibles responsabilidades individuales.

El Gobierno de De la Espriella ha endurecido las operaciones contra las disidencias y declarado objetivos prioritarios a varios de sus mandos. La ofensiva en el Catatumbo representa otro capítulo de esa estrategia, mientras las Fuerzas Militares continúan verificando los resultados del bombardeo y las autoridades avanzan en la identificación de los posibles fallecidos.