Jóvenes fueron secuestrados y torturados durante siete horas en Bogotá tras caer en una falsa oferta laboral

Una joven de 19 años y un adolescente fueron víctimas de secuestro, tortura y extorsión en Bogotá, después de acudir a una supuesta oferta de trabajo que terminó convirtiéndose en una trampa. Según la Fiscalía General de la Nación, ambos permanecieron retenidos durante siete horas en una vivienda del barrio Altavista, en el sur de la capital, mientras sus familiares recibían exigencias económicas para conseguir su liberación.

Los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2025. El adolescente había recibido una propuesta laboral y acudió al lugar acordado acompañado de Valery, de 19 años. Sin embargo, al llegar a una vivienda de la localidad de San Cristóbal, los dos jóvenes habrían sido privados de la libertad por varios hombres que buscaban obtener dinero a cambio de dejarlos salir.

Durante el cautiverio, los familiares recibieron llamadas y mensajes de audio por WhatsApp en los que les exigían dinero. De acuerdo con la investigación, los responsables consiguieron que pagaran un total de 1,5 millones de pesos para permitir que las víctimas abandonaran el inmueble. Los jóvenes recuperaron su libertad alrededor de las 9:00 de la noche.

Los testimonios conocidos durante las diligencias judiciales describen graves agresiones físicas y psicológicas, especialmente contra el menor de edad. Según la Fiscalía, los atacantes le sumergieron la cabeza en un inodoro, lo asfixiaron con una bolsa plástica, le provocaron una quemadura en un brazo utilizando un cuchillo caliente y lo golpearon repetidamente con la empuñadura de un arma de fuego.

Después de ser liberados, los afectados y sus familiares habrían recibido amenazas para evitar que denunciaran lo sucedido ante las autoridades. Pese a estas intimidaciones, el caso se convirtió en uno de los elementos centrales de la investigación que permitió identificar a los presuntos responsables.

La Fiscalía señaló que cinco hombres fueron capturados el 29 de septiembre de 2026 en operativos realizados en Bogotá y Pereira. Los detenidos fueron identificados como Carlos Andrés Parra, Ómar Barrios Cristancho, Jerson Ricardo Chagüendo, Jonnathan Javier Blanco Guacaneme y Félix Eduardo Chagüendo Sierra, este último señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la estructura conocida como Los Chagüendo.

Según el ente investigador, los sospechosos habrían actuado de manera coordinada para atraer a sus víctimas mediante anuncios laborales engañosos, retenerlas contra su voluntad y exigir pagos a sus familiares. La investigación incluyó cerca de un año de seguimiento e interceptaciones telefónicas que permitieron establecer presuntos vínculos entre los implicados y las actividades del grupo.

Los cinco capturados fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Un juez les impuso medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades también investigan si existen otras víctimas y si más personas participaron en las actividades atribuidas a la organización.

La investigación apunta, además, a que la estructura tendría presencia en el barrio Altavista y estaría relacionada con otras actividades ilegales, entre ellas la comercialización de estupefacientes y el almacenamiento de armas que presuntamente serían utilizadas en hurtos. Estos aspectos forman parte de las hipótesis que las autoridades buscan esclarecer.

El caso vuelve a encender las alertas sobre las falsas ofertas de empleo utilizadas para engañar a jóvenes, especialmente cuando se difunden por redes sociales o plataformas digitales sin información verificable sobre la empresa contratante. Las autoridades recomiendan confirmar la identidad del empleador, revisar los datos de contacto y desconfiar de citaciones en lugares aislados o de propuestas que no permitan verificar las condiciones laborales.

Mientras continúa el proceso judicial, la Fiscalía busca establecer si los presuntos integrantes de Los Chagüendo participaron en otros secuestros y extorsiones. La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.