Estados Unidos se pronuncia sobre las acusaciones contra Verónica Alcocer por presunto tráfico de drogas, armas y dinero

El Gobierno de Estados Unidos se refirió a las denuncias que involucran a Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, en una supuesta red dedicada al tráfico de drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. La respuesta se conoció el 14 de octubre de 2026, después de que Eva Ferrer, quien fue cercana a Alcocer y ocupó un cargo como consejera presidencial durante el Gobierno de Gustavo Petro, hiciera graves señalamientos sobre presuntas actividades ilegales.

Según información divulgada por NTN24 y retomada por Infobae, el Departamento de Estado estadounidense afirmó que estaba al tanto de los reportes sobre el supuesto uso de aeronaves oficiales para transportar narcóticos hacia Venezuela y regresar a Colombia con 2,5 millones de dólares. La declaración representa un reconocimiento de que las autoridades estadounidenses conocen las denuncias, pero no constituye una confirmación de que los hechos hayan ocurrido ni una conclusión judicial sobre la responsabilidad de Alcocer.

En medio de la controversia, el Departamento del Tesoro recordó que Alcocer fue incluida en octubre de 2025 en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). De acuerdo con la comunicación citada por el medio, la medida se fundamentó en la presunta prestación de apoyo financiero, material, tecnológico o de servicios a Gustavo Petro, conforme a la normativa estadounidense aplicada en ese caso.

El organismo también cuestionó decisiones del anterior Gobierno colombiano relacionadas con la política de Paz Total y sostuvo que se habían concedido beneficios a organizaciones que Estados Unidos considera narcoterroristas. En su comunicación, relacionó esas políticas con niveles elevados de cultivos de coca en Colombia. Estas afirmaciones corresponden a la posición oficial estadounidense y forman parte del contexto de las sanciones impuestas.

La respuesta de Washington también hizo referencia al nombramiento de Alcocer como embajadora en misión especial durante la administración Petro. Esa designación fue anulada por la justicia colombiana al considerar que contravenía las restricciones constitucionales sobre el nombramiento de familiares del presidente en determinados cargos públicos.

Las nuevas declaraciones se producen después de que Eva Ferrer afirmara, en una entrevista con la revista Semana, que Alcocer habría tenido un papel central en una estructura que supuestamente movilizaba dinero, drogas y armas. Ferrer aseguró que conocía información sobre vuelos hacia Venezuela y sostuvo que en uno de esos desplazamientos se habrían transportado 2,5 millones de dólares de regreso a Colombia. Hasta ahora, esos señalamientos deben considerarse denuncias pendientes de verificación.

La exfuncionaria también mencionó a otras personas que, según su versión, estarían relacionadas con las presuntas operaciones. Sin embargo, las declaraciones divulgadas públicamente no constituyen por sí mismas una prueba definitiva de la existencia de la estructura criminal ni de la participación de los señalados.

Tras la difusión de las acusaciones, organismos colombianos comenzaron a adelantar actuaciones para esclarecer los hechos. La Procuraduría abrió una indagación previa relacionada con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con el propósito de establecer si se presentaron irregularidades en el uso de aeronaves oficiales. La Fiscalía también citó a Ferrer para que precise y sustente sus señalamientos.

Por su parte, Gustavo Petro rechazó las acusaciones y las calificó de calumnias, además de anunciar acciones legales. La posición del exmandatario se suma a una controversia que deberá resolverse mediante la revisión de registros de vuelo, documentos y demás elementos probatorios que puedan recopilar las autoridades.

El pronunciamiento estadounidense vuelve a poner el caso en el escenario internacional, pero es importante distinguir entre el conocimiento de una denuncia, la inclusión de una persona en una lista de sanciones y la comprobación judicial de delitos específicos. La responsabilidad de Alcocer frente a las acusaciones sobre presunto tráfico de drogas, armas y dinero tendrá que establecerse a partir de las pruebas y de las decisiones de las autoridades competentes.