Colombia estudia limitar los pagos en efectivo para comprar viviendas, carros y lotes

🚨 El Gobierno nacional estudia establecer restricciones a los pagos en efectivo para la compra de bienes de alto valor, como viviendas, vehículos y terrenos. La propuesta estaría contemplada en el Estatuto Antiterrorista que se prepara para presentar ante el Congreso y busca fortalecer los mecanismos de seguimiento al dinero para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La iniciativa recibió el respaldo de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). Su presidente, Jonathan Malagón, señaló que este tipo de operaciones debería contar con mecanismos que permitan identificar la procedencia de los recursos y hacer seguimiento a los movimientos financieros.

A través de su cuenta en la red social X, Malagón expresó que el sector financiero ve con buenos ojos que se analicen límites a los pagos en efectivo en transacciones de alto valor. Según explicó, conocer la ruta del dinero puede contribuir a detectar recursos provenientes de actividades ilegales y dificultar su ingreso a la economía formal.

De aprobarse una medida de este tipo, las personas que compren apartamentos, carros o lotes podrían tener que recurrir a transferencias bancarias u otros medios financieros autorizados. Esto permitiría dejar registros de quién realiza el pago, quién recibe el dinero y cuál es el recorrido de los recursos durante la operación.

Sin embargo, todavía existen aspectos por definir. Entre ellos están el monto a partir del cual se aplicarían las restricciones, las operaciones específicas que quedarían incluidas y las posibles excepciones. Por ahora, la propuesta no constituye una prohibición general vigente del uso de efectivo para adquirir estos bienes, pues su alcance dependerá del proyecto que se presente y de su eventual aprobación legislativa.

La iniciativa también podría representar cambios para quienes acostumbran guardar sus ahorros o manejar sus ingresos en efectivo. En determinadas circunstancias, los compradores tendrían que presentar soportes que permitan demostrar la procedencia de los recursos, mientras que los vendedores deberían conservar los documentos relacionados con los pagos recibidos. Las obligaciones concretas dependerían de las disposiciones que finalmente se establezcan.

El Estatuto Antiterrorista contempla otras herramientas para fortalecer los controles financieros. Entre ellas se encuentra la creación de un registro de personas u organizaciones relacionadas con actividades terroristas, cuya consulta sería exigida a sectores como el financiero, asegurador y bursátil, además de notarios y oficinas de registro de instrumentos públicos.

El borrador también plantea mecanismos para congelar fondos y activos de personas incluidas en ese registro, con controles judiciales posteriores y garantías para cubrir necesidades básicas y gastos de defensa. En el sector minero, propone implementar un sistema de trazabilidad para minerales estratégicos que permita registrar a los participantes de la cadena y verificar el origen de los materiales.

Asimismo, se contemplan medidas relacionadas con los activos virtuales, como obligaciones de identificación, reporte de información y congelamiento de billeteras bajo determinadas condiciones. El objetivo general es dificultar que los recursos provenientes de actividades ilícitas circulen sin dejar registros que puedan ser examinados por las autoridades.

Aunque los pagos a través del sistema financiero facilitan el rastreo de las transacciones, la bancarización no demuestra por sí sola que el dinero tenga un origen legal. Por ello, la efectividad de estas medidas dependerá también de los mecanismos de verificación, los controles aplicados y las garantías previstas para evitar afectaciones injustificadas a los ciudadanos.

El respaldo de Asobancaria pone en evidencia el interés del sector financiero en fortalecer la trazabilidad de las operaciones de alto valor. No obstante, la propuesta deberá avanzar en su trámite ante el Congreso y precisar cómo se aplicaría a las compraventas entre particulares y a quienes no utilizan habitualmente los servicios bancarios.