Nacional
Presentan demandas para frenar decreto de Abelardo de la Espriella sobre la protesta social
🚨 El nuevo decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, enfrenta sus primeras demandas ante la justicia. Sectores de la oposición consideran que la norma podrÃa vulnerar el derecho constitucional a la protesta pacÃfica y que el Ejecutivo habrÃa excedido sus facultades al introducir cambios mediante un decreto.
La controversia se desató el 13 de octubre, cuando el presidente firmó el Decreto 1525 de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 sobre la intervención policial durante las movilizaciones. La expedición de la norma coincidió con los preparativos de las marchas convocadas para este miércoles 14 de octubre por sectores sindicales y organizaciones de oposición al Gobierno.
Una de las primeras en anunciar acciones judiciales fue la senadora Jennifer Pedraza, quien cuestionó que el Ejecutivo modificara las reglas de la protesta social sin tramitar una ley estatutaria en el Congreso. Según su planteamiento, los cambios podrÃan afectar derechos fundamentales y requerirÃan un procedimiento legislativo diferente.
Pedraza también criticó el tiempo destinado a la consulta pública del proyecto y señaló que no se convocó a la Mesa Nacional de GarantÃas, un espacio de diálogo entre autoridades y organizaciones sociales. Otro de sus reparos está relacionado con el papel del diálogo antes de que la PolicÃa intervenga: considera que la nueva redacción podrÃa permitir actuaciones más rápidas sin agotar previamente las etapas de prevención, conversación y mediación.
Desde el Pacto Histórico también se anunciaron acciones contra la disposición. El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestionó la competencia del Gobierno para establecer estas modificaciones por vÃa reglamentaria. A su vez, Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, y Daniel Monroy anunciaron medidas judiciales, entre ellas una demanda de nulidad y una solicitud de suspensión cautelar, con el propósito de evitar posibles afectaciones a los manifestantes.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
La norma establece criterios para determinar cuándo se considera agotado el diálogo durante una manifestación y en qué circunstancias puede intervenir la Fuerza Pública. Entre los hechos que deben evaluarse se encuentran impedir el paso de ambulancias, afectar los servicios hospitalarios, portar armas y causar daños a la infraestructura.
La evaluación corresponde al Puesto de Mando Unificado (PMU), que debe dejar constancia de sus decisiones. Sin embargo, el decreto señala que dar por agotado el diálogo no autoriza automáticamente el uso generalizado de la fuerza, y que un bloqueo, por sà solo, no elimina necesariamente el carácter pacÃfico de una protesta.
El Gobierno defiende la medida como una herramienta para proteger tanto el derecho a manifestarse como otros derechos ciudadanos, entre ellos la movilidad, la salud, el trabajo y el acceso a los servicios esenciales. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha sostenido que la intención no es prohibir las movilizaciones, sino establecer reglas para responder ante hechos de violencia y bloqueos que afecten a la población.
El debate sobre los lÃmites de la protesta
La discusión jurÃdica gira en torno a cómo equilibrar el derecho a la manifestación con la obligación estatal de proteger a terceros y mantener el orden público. Mientras la oposición advierte que los cambios podrÃan ampliar la discrecionalidad policial y debilitar el diálogo, el Ejecutivo sostiene que la protesta pacÃfica seguirá protegida y que las intervenciones deben responder a situaciones concretas.
El procurador general, Gregorio Eljach, también ha recordado que la protesta social es un derecho constitucional, aunque no absoluto, y que las autoridades tienen facultades para actuar cuando se presentan alteraciones del orden público, dentro de los lÃmites legales.
Las demandas deberán ser estudiadas por las autoridades judiciales competentes, que tendrán que determinar si el Gobierno tenÃa facultades para expedir la norma y si sus disposiciones respetan las garantÃas constitucionales. Mientras se resuelven esos recursos, el debate sobre el alcance del decreto se mantiene en el centro de la discusión polÃtica nacional.