Campesino boyacense terminó condenado y con una deuda de $600 millones tras negocio con César Pachón

🚨 Un campesino y electricista de Boyacá enfrenta una difícil situación económica y judicial después de quedar condenado por una deuda tributaria que, según sus cálculos, supera los 600 millones de pesos. El hombre, identificado con el nombre ficticio de Daniel para proteger su identidad, asegura que terminó asumiendo obligaciones derivadas de un negocio de alumbrados navideños que realizó en 2017 y en el que señala al político César Pachón de incumplir los compromisos económicos acordados.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista Cambio y retomada por El Colombiano, el negocio consistía en instalar alumbrados navideños en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas. Daniel afirma que puso su empresa y sus conocimientos técnicos a disposición del proyecto, mientras que Pachón se encargaría de gestionar el contrato y garantizar el pago de los costos operativos y los impuestos correspondientes.

El campesino relató que, una vez finalizados los trabajos, revisó las cuentas con su contador y encontró que no había recibido el dinero necesario para cubrir las obligaciones tributarias. Como la responsabilidad fiscal estaba a nombre de su empresa, las deudas comenzaron a acumularse y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició los requerimientos de pago.

La situación llegó a los estrados judiciales y, el 11 de septiembre de 2024, un juzgado de Tunja lo condenó por el delito de omisión de agente retenedor. Según el reportaje, la deuda relacionada con el impuesto al valor agregado (IVA) asciende aproximadamente a 350 millones de pesos, cifra que ha aumentado con los intereses y otros compromisos económicos que el hombre atribuye al negocio.

Un salario que, según denuncia, no pudo utilizar

Daniel aseguró que, cuando César Pachón llegó a la Cámara de Representantes en 2018, le dijeron que tendría nuevas oportunidades de contratación para solucionar sus dificultades financieras. Posteriormente, fue vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista como asesor uno, con un salario mensual superior a los seis millones de pesos.

Sin embargo, el hombre afirmó que no podía disponer libremente de esos ingresos, pues, según su testimonio, el dinero se destinaba a cubrir compromisos políticos y personales ajenos. También sostuvo que su vinculación laboral se prolongó durante más de un año, pero que finalmente dejó de recibir respuesta y perdió ese ingreso.

A este problema se sumó un crédito por libranza de 80 millones de pesos que, según Daniel, le solicitaron tramitar a su nombre. El campesino aseguró que el préstamo estaba destinado a terceros y que, después de terminar su vinculación con la UTL, tuvo que asumir el saldo pendiente, que calculó en cerca de 50 millones de pesos, más los intereses.

Al sumar la deuda con la DIAN y los demás compromisos que dice haber adquirido como consecuencia del negocio, Daniel estima que el monto supera los 600 millones de pesos. Actualmente cumple prisión domiciliaria y afirma que esta condición le ha impedido continuar con su trabajo en instalaciones eléctricas y montajes de alumbrados, actividad a la que dedicó cerca de dos décadas.

Denuncias, documentos y una versión pendiente

En la entrevista, Daniel manifestó que ha intentado llegar a acuerdos de pago con la DIAN, pero que las cuotas que puede asumir no resultan suficientes frente al monto de la obligación. También dijo que teme por su seguridad y la de su familia, razón por la cual aseguró haber dejado constancia ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sobre sus preocupaciones.

El campesino relató, además, que firmó un documento de confidencialidad que, según su versión, le presentó personalmente Pachón. Afirmó que lo hizo porque todavía esperaba recibir el dinero que consideraba pendiente. La investigación periodística menciona la existencia de conversaciones y audios incorporados al expediente que reposa en la Corte Suprema de Justicia.

Es importante precisar que las acusaciones sobre los compromisos económicos y el supuesto incumplimiento corresponden al testimonio de Daniel y a los elementos mencionados en el reportaje. La condena del campesino por omisión de agente retenedor no equivale, por sí sola, a una decisión judicial que establezca la responsabilidad de Pachón en los hechos denunciados.

Según Cambio, al cierre de la publicación César Pachón no había respondido las preguntas enviadas por el medio para conocer su versión. Por tanto, las afirmaciones del denunciante deberán contrastarse con los documentos y las actuaciones de las autoridades competentes.

Mientras tanto, Daniel asegura que su principal objetivo es recuperar su libertad, volver a trabajar y reconstruir la clientela que perdió durante el proceso. Su caso ha generado cuestionamientos sobre los riesgos que puede enfrentar una persona cuando asume obligaciones contractuales y tributarias sin contar con garantías suficientes para responder por ellas.