Megacárcel de Medellín abriría sus puertas en julio de 2027: la obra ya alcanza el 47 % de avance

🚨 La construcción de la Megacárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín continúa avanzando y las autoridades distritales mantienen como objetivo iniciar su operación en julio de 2027. El proyecto, que busca aliviar la sobreocupación de las estaciones de Policía del Valle de Aburrá, registra un avance del 47 % y contempla una inversión superior a los $675.000 millones. El alcalde Federico Gutiérrez inspeccionó las instalaciones y aseguró que, si se cumple el cronograma establecido, los primeros detenidos podrán ser trasladados a este complejo durante el segundo semestre del próximo año.

La infraestructura está ubicada en la vereda Pedregal Alto, en el corregimiento de San Cristóbal, al noroccidente de Medellín. Su construcción responde a la necesidad de contar con un espacio adecuado para las personas que permanecen privadas de la libertad de manera preventiva mientras avanzan sus procesos judiciales, muchas de las cuales actualmente se encuentran en estaciones policiales que no fueron diseñadas para mantener detenidos durante periodos prolongados.

De acuerdo con el reporte presentado el 19 de octubre, los cinco primeros pabellones ya alcanzaron el cuarto nivel de construcción. Mientras tanto, los equipos de trabajo continúan con las labores relacionadas con las cubiertas, las redes internas y las áreas complementarias que permitirán el funcionamiento del establecimiento.

La Administración Distrital espera terminar las obras físicas en mayo de 2027. Después de esa fecha se realizaría una etapa de preparación técnica y operativa, con pruebas de seguridad y ajustes que podrían extenderse entre uno y un mes y medio. Una vez concluido ese proceso, el objetivo es comenzar a recibir internos hacia finales de julio.

Una capacidad superior a los 1.300 internos

La nueva cárcel tendrá espacio para 1.339 personas, distribuidas en seis pabellones. Cinco de estas estructuras estarán acondicionadas para albergar a 240 internos cada una, mientras que el sexto contará con 139 cupos e incluirá una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad.

El diseño contempla celdas compartidas por cuatro personas, además de instalaciones destinadas a la atención en salud, las visitas familiares, la educación y la formación laboral. También se proyectan áreas para actividades de trabajo y otros procesos orientados a la resocialización de quienes permanecen bajo custodia.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, la intención es que el establecimiento contribuya a mejorar las condiciones de reclusión y permita ejercer un control más estricto sobre las actividades de los detenidos. El mandatario ha destacado especialmente la necesidad de impedir que desde los centros de detención se continúen coordinando delitos, como las extorsiones telefónicas.

Para enfrentar ese problema, el proyecto incorporará inhibidores de señal de telefonía celular y no tendrá tomas de corriente en las celdas. Estas medidas buscan limitar las posibilidades de comunicación y el uso de dispositivos electrónicos por parte de los internos para cometer actividades ilegales desde el interior del recinto.

Un modelo de construcción y operación diferente

Uno de los aspectos más particulares de la megacárcel es que se desarrolla mediante una Asociación Público-Privada (APP), un esquema que permite la participación de empresas privadas en la financiación, construcción y operación de infraestructura pública bajo condiciones contractuales previamente establecidas.

La empresa Carmet Medellín S. A. S., creada para desarrollar el proyecto por la compañía mexicana Prodemex, está a cargo de la financiación y construcción de la infraestructura. Según la Alcaldía, durante la etapa constructiva el Distrito no ha tenido que desembolsar recursos para pagar directamente las obras, pues los pagos al concesionario comenzarán cuando el establecimiento entre en funcionamiento y reciba personas privadas de la libertad.

El contrato contempla una concesión de 15 años: tres correspondientes a la construcción y 12 destinados a la operación y el mantenimiento. Durante este último periodo, el Distrito deberá realizar pagos anuales estimados entre $50.000 y $60.000 millones, hasta completar una suma superior a los $675.000 millones. Una vez finalice la concesión, la infraestructura pasará a ser propiedad de Medellín.

La supervisión del proyecto está a cargo de las entidades distritales responsables de la seguridad y de las asociaciones público-privadas, que deberán verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las condiciones previstas para el funcionamiento del establecimiento.

Otro elemento diferenciador es el modelo de custodia. A diferencia de las cárceles convencionales, cuya vigilancia está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), este complejo contempla la contratación de un operador privado especializado en seguridad penitenciaria.

La administración local sostiene que este esquema podría convertirse en una referencia para otras ciudades colombianas que enfrentan dificultades para garantizar espacios adecuados de detención preventiva.

El hacinamiento sigue siendo uno de los mayores desafíos

La construcción de la megacárcel busca responder a una problemática que afecta de manera directa a las autoridades policiales y judiciales de Medellín. Según cifras de la Personería citadas en el reporte de El Colombiano, en las estaciones de Policía y los calabozos de la ciudad había 1.532 personas privadas de la libertad, pese a que estos espacios tienen capacidad para 688 detenidos.

Estas cifras representan un hacinamiento del 123 %, una situación que dificulta las condiciones de permanencia de los detenidos y aumenta las exigencias operativas para los uniformados encargados de su custodia. Si se incluyen las personas recluidas en las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, la población en estos espacios transitorios podría acercarse a los 3.000 detenidos.

Con una capacidad de 1.339 cupos, la nueva infraestructura permitiría trasladar a una parte importante de quienes actualmente permanecen en estaciones policiales. Sin embargo, las cifras también muestran que el proyecto no necesariamente eliminará por completo la sobreocupación del sistema de detención preventiva.

El traslado de los internos permitiría, además, que una parte de los policías que hoy deben dedicarse a labores de vigilancia en calabozos pueda regresar a las calles y concentrarse en actividades de prevención, patrullaje y atención de situaciones de seguridad ciudadana.

A pesar de las expectativas, algunos defensores de los derechos humanos han advertido que la construcción de nuevas instalaciones no resuelve por sí sola las dificultades estructurales del sistema penitenciario. Jorge Carmona, exdefensor de derechos humanos de la población carcelaria, ha cuestionado que las medidas de infraestructura sean suficientes para solucionar los problemas de hacinamiento y las condiciones de reclusión.

Las preocupaciones también se relacionan con las obligaciones institucionales de garantizar condiciones dignas para las personas detenidas, así como con la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia y evitar que las estaciones de Policía continúen funcionando como lugares de reclusión prolongada.

La obra también ha generado empleo en San Cristóbal

Además de su impacto en el sistema carcelario, la construcción ha contribuido a la generación de puestos de trabajo en el corregimiento de San Cristóbal y sus alrededores. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía, el proyecto ha generado 563 empleos directos, con participación de trabajadores de la zona.

La administración municipal espera que el avance supere el 60 % al finalizar 2026, antes de completar la infraestructura en mayo del próximo año. El cumplimiento de estas fechas será determinante para iniciar las pruebas técnicas y organizar el traslado de los primeros internos.

La megacárcel representa una apuesta de Medellín para mejorar la capacidad de detención preventiva y reducir la presión que actualmente soportan las estaciones policiales. No obstante, su entrada en funcionamiento estará acompañada de retos relacionados con la supervisión del contrato, la seguridad, el respeto de los derechos humanos y la capacidad real del sistema para atender a toda la población detenida.

Por ahora, julio de 2027 continúa siendo la fecha prevista para recibir a los primeros internos, siempre que las obras y las pruebas operativas se desarrollen de acuerdo con el cronograma. La efectividad del proyecto se medirá no solo por la entrega de la infraestructura, sino también por su capacidad para contribuir a una reducción sostenible del hacinamiento en Medellín y el Valle de Aburrá.