Presupuesto de Colombia para 2027 será expedido por decreto y podría dejar por fuera $8 billones en recursos adicionales

📊 El Gobierno nacional expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto cercano a los $634,9 billones, luego de que surgieran inconvenientes en el trámite legislativo que impidieron unificar a tiempo las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. La decisión ha generado preocupación entre congresistas, quienes advierten que varias modificaciones presupuestales podrían quedar excluidas, especialmente aquellas destinadas a la inversión regional, la salud y los programas sociales.

La controversia se originó porque las plenarias de ambas cámaras aprobaron textos diferentes y no se logró completar el proceso de conciliación dentro del plazo establecido. Ante esta situación, el Ejecutivo anunció que tomará como referencia la versión avalada durante el primer debate por las comisiones económicas conjuntas, con fundamento en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Desde el Gobierno se ha defendido la medida como una alternativa para garantizar la expedición del presupuesto y atender las obligaciones del Estado. Sin embargo, las diferencias entre las versiones del proyecto podrían tener consecuencias en la distribución de los recursos para distintas entidades y territorios del país.

Uno de los principales cuestionamientos fue expuesto por el congresista Óscar Darío Pérez, quien señaló que las modificaciones introducidas durante los debates posteriores representaban cerca de $8 billones adicionales. De esa suma, aproximadamente $5 billones estarían relacionados con inversiones para las regiones, por lo que su exclusión podría afectar proyectos y asignaciones territoriales. En el caso de Antioquia, el representante advirtió que podrían quedar por fuera cerca de $700.000 millones previstos para inversión.

Entre los recursos que no quedarían incorporados en el decreto también se encuentran partidas adicionales para el aseguramiento en salud, los subsidios de energía eléctrica y gas, el fortalecimiento de programas sociales y el apoyo a créditos educativos del Icetex. Asimismo, se mencionaron recursos para la esterilización de perros y gatos y ajustes presupuestales para diferentes organismos públicos.

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández sostuvo que el proyecto no completó el trámite constitucional dentro del tiempo previsto y cuestionó que el Gobierno utilice el texto aprobado en primer debate. Según su interpretación, esta decisión dejaría por fuera modificaciones que habían sido incorporadas posteriormente, entre ellas recursos para las EPS, el Sena y el Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

Aunque el monto total del presupuesto se mantiene alrededor de los $634,95 billones, la distribución de las partidas presenta diferencias entre las versiones debatidas. El texto de primer debate contemplaba cerca de $392,6 billones para funcionamiento del Estado, $155,4 billones para el servicio de la deuda pública y aproximadamente $86,96 billones para inversión.

La discusión también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar ajustes durante la próxima vigencia fiscal. Óscar Darío Pérez planteó que en enero de 2027 el Gobierno podría presentar una ley de adiciones y traslados presupuestales para revisar la incorporación de recursos que no queden contemplados inicialmente. No obstante, esta alternativa dependerá de las decisiones que adopten el Ejecutivo y el Congreso.

El episodio abre un nuevo debate sobre el manejo de las finanzas públicas y la distribución de los recursos nacionales. Mientras el Gobierno busca garantizar la expedición del presupuesto, sectores del Legislativo advierten sobre las posibles consecuencias para las regiones y entidades que contaban con asignaciones adicionales. Por ahora, el alcance definitivo de los recursos excluidos dependerá de las disposiciones que queden en el decreto y de los eventuales ajustes presupuestales posteriores.