Sale todo el equipo de enlace legislativo de Hacienda tras el error en el Presupuesto de 2027

📑 Seis integrantes del equipo encargado de coordinar las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República salieron de la entidad, luego de la controversia por las irregularidades en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. La decisión se conoció este viernes 23 de octubre y se produjo después de que el Gobierno tuviera que expedir el presupuesto por decreto, debido a las diferencias detectadas entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, una de las personas presentó su renuncia, mientras que a las otras cinco les terminaron sus contratos de prestación de servicios. El grupo cumplía funciones de enlace legislativo y acompañaba las discusiones de las iniciativas económicas del Gobierno en el Congreso.

Estas salidas se suman a la del exministro del Interior Rodrigo Lara, quien dejó su cargo después de que el presidente Abelardo De la Espriella le solicitara la renuncia, también en medio de la controversia por el trámite presupuestal. Los movimientos reflejan las consecuencias administrativas y políticas que ha generado el episodio dentro del Ejecutivo.

El origen del problema se encuentra en el artículo 65 del proyecto de presupuesto, relacionado con operaciones de cobertura financiera destinadas a mitigar las variaciones en los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio. Durante el trámite legislativo, el Senado y la Cámara aprobaron versiones diferentes de esta disposición, lo que exigía un procedimiento de conciliación para unificar el texto definitivo.

Sin embargo, esa etapa no se realizó antes de que venciera el plazo legal para aprobar el presupuesto. La diferencia entre los documentos dejó el proyecto ante un problema de procedimiento legislativo que impidió completar su aprobación como ley dentro del tiempo establecido.

La situación tomó mayor relevancia después de que se revisaran los registros de las sesiones del Congreso y se evidenciara que el contenido aprobado en ambas corporaciones no coincidía. En el Senado, una proposición que buscaba modificar el artículo 65 había sido retirada y quedó como constancia, mientras que en la Cámara sí se incorporó una modificación a la disposición.

Ante la imposibilidad de completar la conciliación dentro del plazo, el Gobierno optó por expedir el Presupuesto General de la Nación mediante decreto, por un monto de aproximadamente $634,9 billones. Para ello tomó como referencia el texto aprobado en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.

Esta decisión tuvo efectos sobre varias modificaciones incorporadas durante los debates posteriores. Entre los cambios que quedaron por fuera se encuentra un traslado de aproximadamente $3 billones destinado al sector salud, además de otros ajustes presupuestales que habían sido discutidos por los congresistas.

La controversia también abrió interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios encargados de preparar, revisar y acompañar la documentación durante el trámite legislativo. Aunque las salidas del equipo de enlace se produjeron después del error, la información divulgada no permite atribuir de manera individual la responsabilidad jurídica o administrativa a cada uno de sus integrantes.

Ahora, el Ministerio de Hacienda deberá continuar con las gestiones relacionadas con la ejecución del presupuesto y preparar los ajustes que correspondan. Según la información publicada, una alternativa sería presentar posteriormente un proyecto de ley para modificar determinadas partidas, aunque cualquier cambio deberá seguir el procedimiento legal correspondiente.

El episodio representa un nuevo desafío para la relación entre el Gobierno y el Congreso, pues la discusión presupuestal es fundamental para definir cómo se distribuirán los recursos públicos durante el próximo año. Mientras se conocen las consecuencias de las salidas dentro de Hacienda, persisten las preguntas sobre los controles que fallaron durante el trámite y las medidas que se adoptarán para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.