Gobierno de Abelardo de la Espriella respalda ascenso del general Federico Mejía pese a investigación de la Fiscalía

⚖️ El presidente Abelardo de la Espriella autorizó el trámite para que el brigadier general del Ejército Federico Alberto Mejía Torres ascienda al grado de mayor general, a pesar de que el oficial enfrenta una investigación penal por hechos relacionados con la liberación de un hombre capturado durante un operativo contra el narcotráfico en el departamento del Cauca. La decisión quedó consignada en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026 y abrió nuevamente el debate sobre los criterios considerados para promover a altos mandos militares que tienen procesos judiciales en curso.

La inclusión de Mejía en la lista de oficiales propuestos para ascender no significa que el nombramiento esté completamente definido. El procedimiento deberá pasar por la Comisión Segunda del Senado y posteriormente por la plenaria de esa corporación, que tendrá la responsabilidad de decidir si aprueba su promoción. De acuerdo con el decreto, el ascenso está previsto para el primero de diciembre de este año, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

El caso que involucra al general se remonta al 31 de enero de 2024, cuando tropas del Ejército adelantaron una operación en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. Durante el procedimiento fue capturado un hombre que, según la información recopilada por los investigadores, transportaba aproximadamente 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía General de la Nación, el detenido habría sido trasladado inicialmente en helicóptero hacia Popayán para avanzar con su judicialización. Sin embargo, durante el desarrollo del operativo se habría impartido una orden para devolverlo a El Plateado, junto con la sustancia incautada, y entregarlo a personas que se encontraban en la zona.

La investigación busca establecer qué instrucciones se impartieron desde la cadena de mando, cuáles fueron las razones para modificar el procedimiento y si las actuaciones posteriores quedaron registradas correctamente en los documentos oficiales. Según la información conocida, en el operativo participaron cerca de 36 militares y se utilizaron aeronaves del Ejército, por lo que los investigadores también examinan el alcance de la intervención institucional.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Federico Mejía cuatro delitos: prevaricato por acción agravado, favorecimiento agravado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. La diligencia de imputación se realizó el 16 de septiembre de 2026. El oficial rechazó los señalamientos y no aceptó los cargos, por lo que será la justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad.

La defensa del brigadier general ha sostenido que la decisión de devolver al capturado respondió a razones operacionales y de seguridad. Según esa versión, mantener al hombre bajo custodia en ese momento podía desencadenar una asonada y poner en riesgo tanto a los uniformados como a la población civil. Esta explicación contrasta con la hipótesis de la Fiscalía, que considera necesario establecer si la actuación estuvo ajustada a las funciones legales del comandante.

El ascenso autorizado por el Ejecutivo también llama la atención porque el oficial no había sido incluido en listas anteriores de promociones durante el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente, fue destinado a otras funciones dentro de la estructura militar mientras avanzaban las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Con la llegada de la nueva administración, su nombre fue incorporado en el grupo de oficiales propuestos para alcanzar un grado superior. El decreto también contempla otros movimientos dentro de la carrera militar, entre ellos la reincorporación al servicio activo y el ascenso de cuatro coroneles que habían dejado la institución entre 2023 y 2024.

La decisión final sobre el caso de Mejía dependerá de dos procesos distintos: por un lado, el trámite institucional para su promoción dentro de las Fuerzas Militares y, por otro, la investigación penal que adelanta la Fiscalía. La existencia de una imputación no equivale a una condena, por lo que el oficial conserva la presunción de inocencia mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de los hechos.

El debate ahora se trasladará al Senado, donde los congresistas deberán estudiar la postulación y decidir si respaldan el ascenso propuesto por el Gobierno. Entretanto, la investigación continuará buscando establecer las circunstancias de la liberación del detenido y la legalidad de las decisiones adoptadas durante aquella operación en el Cauca.